PDH presentará denuncia en el MP.

Comunas mejoran rendición de cuentas sobre acceso a información
Ernesto Sitamul
www.animalpoliticogt.blogspot.com

El comportamiento de las municipalidades de Sacatepéquez en torno al cumplimiento de presentar el informe anual a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), ha mejorado al comparar datos de los  últimos dos años. Esta conducta es particularmente relevante, tomando en consideración que la PDH es la institución encargada de tutelar esta norma.
El dato más reciente proporcionado por la Comisión de Acceso a la Información Pública de la PDH indica que de las 16 comunas de Sacatepéquez, solo la de Magdalena Milpas Altas no proporcionó dicho informe, al 31 de enero pasado. Mientras que en 2012 hubo siete municipalidades que no cumplieron con ese precepto[1], siendo éstas: San Antonio Aguas Calientes, Santa Catarina Barahona, San Lucas, Santiago, San Bartolomé Milpas Altas, San Juan Alotenango y Sumpango.
El derecho de acceso a la información pública está garantizado en la Constitución Política de la República (art. 30) y se desarrolla mediante una ley específica contenida en el Decreto 57-2008 del Congreso de la República, pero es poco utilizado por los ciudadanos, aunque no hay datos fidedignos para dimensionar esta situación. A manera de ilustración, cito la información aparecida en el diario El Universal[2] de México, donde se indica que solo seis de cada 100 personas hacen uso de la Ley de Acceso a la Información Pública. Después de 11 años de vigencia de la normativa, aún hay gente que la desconoce y otra que no sabe cómo proceder.
La sujeción a la Constitución y las leyes es deseable en la conducta de los funcionarios públicos y los ciudadanos; unos facilitando el acceso a la información  pública y otros ejerciendo su derecho. En el caso guatemalteco, sería provechoso que los espacios divulgativos en los medios privados, que por ley corresponden al gobierno, se aprovecharan para difundir mensajes que contribuyan a generar una cultura de cumplimiento de la ley, así como a puntualizar las obligaciones de las autoridades y las sanciones cuando dificulten el acceso a la información pública. El objetivo sería que la ciudadanía se informara sobre este derecho humano, empoderándola para que lo ejerza, al solicitar información de su interés a las instituciones públicas, sea del gobierno central o de la municipalidad y, general, a todas instituciones que manejen fondos públicos.
La falta de cumplimiento de la ley tiene dos aristas: i) entre instituciones públicas, como el caso del informe obligatorio de los sujetos obligados a la PDH, y ii) entre instituciones públicas y los ciudadanos que solicitan información. En el primer caso, viene a mi recuerdo la actitud de 30 municipalidades  que no entregaron información al equipo de Segeplan que llevó a cabo el Ranking de Gestión de las Municipalidades (2012), entre ellas, San Antonio Aguas Calientes y Santa María de Jesús, del departamento Sacatepéquez, así como las de  Chinautla, San José del Golfo y Villa Canales, del departamento Guatemala. Este hecho pone en situación vulnerable a la ciudadanía, porque si estas comunas se niegan a proporcionar información a una dependencia de la Presidencia de la República, que le pueden esperar a los ciudadanos de a pie.
Mis conclusiones
i) En la medida que los ciudadanos ejerzan sus derechos y/o recurran a instancias superiores para garantizarlos, se crea un ambiente favorable para que los sujetos obligados cumplan las normas respectivas.
ii) La Ley de Acceso a la Información Pública contempla sanciones administrativas y penales para los sujetos obligados que incumplan la ley respecto de los ciudadanos que solicitan información pública.
iii) El PDH, Jorge de León declaró que en 2014 aumentó el número de instituciones que presentó el informe anual, pero que hubo 693 que no cumplieron, entre ellas, 111 municipalidades, contra las ha abierto expediente y que presentaría la denuncia ante el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas (Prensa Libre, Guatemala, 16-03-2014).
iv) A cinco años de vigencia de esta ley, hay avances en la observancia de la misma, pero aún falta mucho camino por recorrer. Las comunas figuran entre las instituciones más señaladas por incumplir esa normativa.
Cantón La Democracia, Parramos, Chimaltenango, 7 de abril de 2014.

[1] Memorandum, REF SECAI 62, 16-abril-2013, PDH.
[2] http://www.redpolitica.mx/nacion/solo-6-de-100-mexicanos-ejercen-derecho-la-informacion

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