Comunas mejoran rendición de cuentas sobre
acceso a información
Ernesto Sitamul
www.animalpoliticogt.blogspot.com
Ernesto Sitamul
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El comportamiento de las municipalidades de Sacatepéquez en torno al
cumplimiento de presentar el informe anual a la Procuraduría de los Derechos
Humanos (PDH), ha mejorado al comparar datos de los últimos dos años. Esta conducta es
particularmente relevante, tomando en consideración que la PDH es la
institución encargada de tutelar esta norma.
El dato más reciente proporcionado por la Comisión de Acceso a la
Información Pública de la PDH indica que de las 16 comunas de Sacatepéquez,
solo la de Magdalena Milpas Altas no proporcionó dicho informe, al 31 de enero
pasado. Mientras que en 2012 hubo siete municipalidades que no cumplieron con ese
precepto[1],
siendo éstas: San Antonio Aguas Calientes, Santa Catarina Barahona, San Lucas,
Santiago, San Bartolomé Milpas Altas, San Juan Alotenango y Sumpango.
El derecho de acceso a la información pública está garantizado en la
Constitución Política de la República (art. 30) y se desarrolla mediante una
ley específica contenida en el Decreto 57-2008 del Congreso de la República,
pero es poco utilizado por los ciudadanos, aunque no hay datos fidedignos para
dimensionar esta situación. A manera de ilustración, cito la información
aparecida en el diario El Universal[2] de
México, donde se indica que solo seis de cada 100 personas hacen uso de la Ley
de Acceso a la Información Pública. Después de 11 años de vigencia de la
normativa, aún hay gente que la desconoce y otra que no sabe cómo proceder.
La sujeción a la Constitución y las leyes es deseable en la conducta de
los funcionarios públicos y los ciudadanos; unos facilitando el acceso a la
información pública y otros ejerciendo
su derecho. En el caso guatemalteco, sería provechoso que los espacios
divulgativos en los medios privados, que por ley corresponden al gobierno, se
aprovecharan para difundir mensajes que contribuyan a generar una cultura de
cumplimiento de la ley, así como a puntualizar las obligaciones de las
autoridades y las sanciones cuando dificulten el acceso a la información
pública. El objetivo sería que la ciudadanía se informara sobre este derecho
humano, empoderándola para que lo ejerza, al solicitar información de su
interés a las instituciones públicas, sea del gobierno central o de la
municipalidad y, general, a todas instituciones que manejen fondos públicos.
La falta de cumplimiento de la ley tiene dos aristas: i) entre
instituciones públicas, como el caso del informe obligatorio de los sujetos
obligados a la PDH, y ii) entre instituciones públicas y los ciudadanos que
solicitan información. En el primer caso, viene a mi recuerdo la actitud de 30
municipalidades que no entregaron
información al equipo de Segeplan que llevó a cabo el Ranking de Gestión de las
Municipalidades (2012), entre ellas, San Antonio Aguas Calientes y Santa María
de Jesús, del departamento Sacatepéquez, así como las de Chinautla, San José del Golfo y Villa
Canales, del departamento Guatemala. Este hecho pone en situación vulnerable a
la ciudadanía, porque si estas comunas se niegan a proporcionar información a
una dependencia de la Presidencia de la República, que le pueden esperar a los
ciudadanos de a pie.
Mis conclusiones
i) En la medida que los ciudadanos ejerzan sus derechos y/o recurran a
instancias superiores para garantizarlos, se crea un ambiente favorable para
que los sujetos obligados cumplan las normas respectivas.
ii) La Ley de Acceso a la Información Pública contempla sanciones
administrativas y penales para los sujetos obligados que incumplan la ley
respecto de los ciudadanos que solicitan información pública.
iii) El PDH, Jorge de León declaró que en 2014 aumentó el número de
instituciones que presentó el informe anual, pero que hubo 693 que no
cumplieron, entre ellas, 111 municipalidades, contra las ha abierto expediente
y que presentaría la denuncia ante el Ministerio Público y la Contraloría
General de Cuentas (Prensa Libre, Guatemala, 16-03-2014).
iv) A cinco años de vigencia de esta ley, hay avances en la observancia
de la misma, pero aún falta mucho camino por recorrer. Las comunas figuran entre
las instituciones más señaladas por incumplir esa normativa.
Cantón La Democracia, Parramos, Chimaltenango, 7 de abril de 2014.