La fragmentación y el régimen que se resiste
La abundante
oferta electoral para 2027, es una ilusión. A marzo del corriente año, había en
el Registro de Ciudadanos (RC), 22 comités pro formación de partido político;
tres de ellos, con reales posibilidades de ser inscritos para la contienda del
próximo año. Por otro lado, existen 25 partidos registrados, luego de la
cancelación de las organizaciones Podemos y Partido Popular Guatemalteco, cuyas
resoluciones cobraron vigencia tras la publicación respectiva en el diario
oficial el pasado 23 de marzo.
Asimismo, el sistema de partidos es cuestionado por su débil organización territorial, por lo cual tampoco se los puede considerar representativos de la mayoría de la población. Estos grupos se conforman con el mínimo de afiliados y de estructuras partidarias en los distritos o departamentos. Lo peor ocurre cuando los partidos surgen de un dueño, cacique o financista, que imparte órdenes, que decide candidaturas y que fija precio para las casillas más apetecidas. ¡Advertencia! Desde la etapa de organización de partidos comienza la “cooptación” política, que luego se va a reflejar en el comportamiento de los que logran una casilla en el Congreso de la República.
La
fragmentación partidista también repercute en el clima de gobernabilidad del
Congreso. Los acuerdos inter partidarios se vuelven difíciles, no solo por el
número de bancadas, sino por los intereses que se ponen sobre la mesa a la hora
de negociar consensos, donde el interés social o colectivo queda, generalmente,
relegado a segundo plano. En estas condiciones, los acuerdos están determinados
por el intercambio de favores, en términos de plazas laborales, otorgamiento de
proyectos de inversión para las empresas de diputados o sus allegados u otra
clase de privilegios.
En otras
ocasiones he comentado la relevancia de reformar la Ley Electoral, pero es
evidente que a los diputados parece no interesarles el tema. La última reforma
a la Lepp data de abril de 2016; sin embargo, analistas especializados
sostienen que la aplicación de la misma no ha sido la más conveniente para a la
democracia, recordando que esos cambios fueron aprobados en un contexto de agitación,
tras la caída estrepitosa del gobierno patriotista Pérez-Baldetti por enormes
actos de corrupción, que fueron revelados por la Comisión Internacional Contra
la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Toda reforma electoral resulta cuesta arriba en el Congreso, porque los diputados juegan doble: son juez y parte, siendo inviable que vayan a promover reformas que afecten sus intereses. Por ejemplo, regular que los partidos solo puedan postular candidatos a diputados en los departamentos donde tengan organización partidaria legal.
Establecer mejores controles al financiamiento privado a los partidos y campañas electorales tampoco les es de su agrado, inclusive, a sus financistas, quienes se resisten a la bancarización de sus “donaciones”, a los registros contables, a la supervisión de la SAT y de la Contraloría General de Cuentas. Tampoco están de acuerdo en garantizar que los generosos donantes sean obligados a presentar declaración jurada.
Éstas y otras
razones justifican una revolución silenciosa, desde las entrañas mismas del
sistema partidista, pero esto no se podrá llevar a cabo con los actuales
diputados, o, por lo menos, no con la mayoría de los congresistas actuales que defienden
a capa y espada en statu quo, que les ha permitido y les garantiza gozar de
privilegios, enriquecerse del erario público, abusando del poder, sin que sean
investigados y castigados penalmente, merced al régimen de impunidad impuesto
por el llamado pacto de corruptos, o como le llama Leonel Toriello, el “régimen
anciano”, cuyo germen él lo sitúa en el gobierno conservador de los 30 años,
que encabezó José Rafael Carrera Turcios.
Conclusión:
Es necesaria la renovación de diputados en las próximas elecciones, con figuras pro democracia, con perfiles de idoneidad demostrable, más allá del flamante finiquito.
* El primer filtro está en los partidos postulantes, donde el margen de maniobra de los afiliados para exigir la designación de candidatos presentables es muy pequeño y, por lo tanto, poco probable.
* El segundo filtro es el Registro de Ciudadanos, que debe aplicar de forma objetiva e imparcial, pero con firmeza, los requisitos establecidos en la ley.
* El tercer filtro, y no menos
importante, la decisión de los electores. El voto informado, consciente y comprometido
con el respeto el estado de derecho y la convicción de rescatar la democracia guatemalteca. La juventud será clave en esta propuesta, tal como lo hizo en 2023. Que así sea.
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