Una pandemia que mata lentamente

La pandemia del coronavirus no es la única que nos destruye

Ernesto Sitamul

El año 2020 será recordado, no solo por la pandemia del coronavirus y los desastres naturales, Eta y Iota, que han causado luto, dolor y millonarias pérdidas económicas. Pero ésta no es la únicamente pandemia que debemos enfrentar y combatir. Hay otras que no matan inmediatamente, sino que destruyen la vida lenta y dramáticamente. Por ejemplo, la desnutrición, la pobreza extrema y la corrupción en la administración del Estado. Todas éstas enfermedades están ampliamente documentadas. En gran parte están asociadas con un sistema desigual, excluyente y corrupto. Es una vergüenza seguirlas arrastrando.


En lo político el 2020 será recordado por la ingrata actuación de los diputados. Termina un año desobedeciendo sentencias de la Corte de Constitucionalidad y por consiguiente dejaron de cumplir con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.

Tampoco se podrá olvidar que la pandilla de diputados que controla el Congreso quiso vengarse de las ONG, aprobando una ley mordaza, para controlarlas y evitar las críticas a la mala gestión de los organismos del Estado.

La misma pandilla de la novena avenida se ensañó contra el Procurador de los Derechos Humanos, haciéndole la vida imposible con el recorte de asignaciones presupuestarias y llegando al extremo de pedir su destitución. El evidente que el PDH, Jordán Rodas le resulta incómodo al #PactoDeCorruptos, enquistado en los tres organismos del Estado.

No conformes con la salida de la CICIG en septiembre de 2019, ese pacto diabólico de ha valido de artimañas para hacer denuncias sin fundamento contra del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. También la ha emprendido contra jueces y fiscales, comprometidos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, como el caso de la jueza de mayor riesgo, Érika Aifán.

El colmo.

En la madrugada del 18 de noviembre, cuando la ciudadanía dormía, esa pandilla de diputados lograba, mañosamente, la aprobación del presupuesto 2021, por casi 100 mil MILLONES de quetzales. Sin discusión, era aprobado de urgencia nacional, a pesar que el tiempo para aprobarlo vencía el 30 de noviembre. Era obvio el pacto mafioso. Tenían que apurarse y aprovechar las circunstancias, para seguir saqueando las arcas nacionales.

Sin embargo, esa fue la acción que encendió la chispa. Cinco años después la ciudadanía se volcó, otra vez, en las plazas públicas, no solo en la capital. El 21 de noviembre (21N), se hizo la primera protesta multitudinaria. Luego vendrían otras grandes manifestaciones en los dos sábados subsiguientes, exigiendo al mandatario vetar el presupuesto.  Otra vez, la mara de la novena avenida sintió el clamor de la población, dandeo marcha atrás al presupuesto aprobado. Al mismo tiempo, evitó el bochorno de que  Giammattei tuviera que vetarlo.

A las protestas de la plaza se sumaron manifestaciones masivas de pueblos indígenas en diversos departamentos del altiplano occidental, entre ellas, de los 48 cantones de Totonicapán, el Comité de Unidad Campesina y las alcaldías indígenas de Sololá. El malestar derivó en fuertes pedidos de renuncia en contra de la Fiscal General, Consuelo Porras, el binomio presidencial y contra los diputados que controlan las grandes decisiones del Congreso.

El año 2020 comenzó con un nuevo gobierno. El Presidente Alejandro Giammattei dijo cuando era candidato que “no quería ser recordado como otro hijo de puta más en la presidencia”, según recuerda Oscar Clemente Marroquín, en su columna del vespertino La Hora. Tristemente, el mandatario, en lugar de ponerse del lado de la ciudadanía, en la lucha frontal contra la corrupción, ha optado por aliarse con el pacto perverso que viene del gobierno anterior. Esta no es la Guatemala diferente que ofreció en campaña. ¿Cómo se explica que el partido de Giammattei, con solo 17 diputados, de 160 que integran el Congreso de la República, se haya hecho del control de ese organismo? Tanto carisma de sus líderes, para atraer suficientes votos, sin nada a cambio? Los diputados oficialistas y sus aliados retienen ese control para el año entrante.

Frente a esas sospechas y desmanes políticos, durante el primer año de gobierno, Marroquín le dice a Giammattei:

“En vez de arroparse con los pícaros de siempre puede intentar una alianza con el pueblo que demanda cambios, transparencia y decencia. Es su última oportunidad para hacerlo y deberá sopesar realmente lo que está en juego, no sólo desde su perspectiva personal, sino para la sociedad en su conjunto. Se pasó 20 años viviendo con el sueño de ser Presidente y lo menos que debe hacer es dar un viraje total, de 180 grados, para romper con sus financistas, con los partidos que conformaron la alianza oficialista y con todos los que hacen esfuerzos por asegurar la captura del Estado para su propio beneficio”.

Ese viraje de timón gubernamental que menciona Oscar Clemente es deseable por el bien de todos. Eso sí, la comunión de ideales y acciones entre gobernantes y gobernados tiene que ser con base en el respeto al Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.

2021 presenta grandes desafíos

No solo evitando su expansión, sino asegurando la vacunación respectiva, para cerrar el ciclo de contagios. El gobierno debe fomentar el mejor clima de gobernabilidad, confianza y credibilidad para atender la reactivación económica, tras los daños severos al sector por el coronavirus. Otro tanto requiere la reconstrucción de grandes territorios y pueblos, afectados por las tormentas Eta y Iota.

--El coronavirus no es la única pandemia que debemos combatir. Antes de ésta, el pueblo sufría, y sigue sufriendo, la pandemia de la CORRUPCIÓN, la cual ha llegado a niveles insospechados, tanto en las instituciones públicas centralizadas, como en las municipalidades. Hoy, se ha llegado al grado simbiótico en que “crimen y Estado se nutren mutuamente”, llegando a ser muy débil la línea que divide la autoridad electa y el jefe de la mafia, como lo afirma Edgar Gutiérrez (elPeriódico, 28-12-2020, pág. 13).

---La corrupción no solo carcome las instituciones públicas, también se roba miles de millones de quetzales que son vitales para combatir otros grandes males de la sociedad guatemalteca, como la desnutrición, la pobreza extrema y la falta de oportunidades. Es ingrato que el gobierno y los otros organismos malgasten los recursos del pueblo, en jugosos salarios como los de la SAT, o de algunos sindicatos como los del Congreso y del Organismo Judicial. Tampoco se quedan atrás muchos alcaldes, no solo por sus jugosos ingresos, sino por la forma como gastan el presupuesto, amañando las llamadas compras de “baja cuantía”, o el tráfico de influencias y conflictos de interés, al otorgar contratos de bienes y servicios a favor de familiares de funcionarios municipales.

La plaza deberá reactivarse

La ciudadanía debe exigir al Congreso que cumpla con elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, en la que idealmente se debe tomar en cuenta solo a los abogados y abogadas comprometidos con el fortalecimiento del Estado de Derecho, más no con intereses criminales.

También debe fiscalizar los procesos de designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, que tomarán posesión en abril. Los tres organismos del Estado, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos deben responder al clamor de la ciudadanía: escoger solo aquellos abogados que reúnan los requisitos de idoneidad.

Al Tribunal Supremo Electoral hay que exigirle que cumpla sus funciones, apegadas a la ley, en cuanto a la cancelación de partidos y el cobro de las multas, todavía no pagadas desde la campaña electoral de 2019. El TSE también tiene pendiente definir si presenta o no una propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con base en los resultados de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Justificándose en la pandemia, los magistrados que tomaron posesión en marzo pasado han incumplido este mandato, pues la normativa establece que el Congreso debe conocer una posible iniciativa de reformas antes que finalice el primer período de sesiones de la siguiente legislatura.

Tanto la designación de magistrados de la CC, como la elección de magistrados del Organismo Judicial serán claves y determinantes en la continuidad del combate a la corrupción y la impunidad, para evitar que se consolide la cooptación del Estado, por medio de un pacto mafioso, que incluye a politiqueros, algunos empresarios y crimen organizado. La independencia de poderes y la independencia e integridad de los magistrados de las cortes será vital en este esfuerzo.

La ciudadanía también debe estar atenta a otros acontecimientos en el Congreso. La pandilla de diputados que controla ese organismo, con la complacencia de sus sindicatos, ha dado muestras de sus insanas intenciones. Ejemplo, desaforar al Procurador de los Derechos Humanos,  criminalizar a las ONGs de desarrollo, por medio de una ley al estilo nicaragüense, y modificar la Ley de Acceso a la Información Pública, para apartar a la PDH, como entidad reguladora, y convertirla en instrumento y botín político de los poderes perversos en el Congreso.

Las protestas públicas que comenzaron el 21N, contra la aprobación del presupuesto, son una muestra incuestionable del poder de la ciudadanía. Estoy seguro que si los gobernantes actúan bajo el imperio de la Constitución y las leyes pueden crear un clima de certeza, confianza y gobernabilidad democrática. Igualmente es condición que los gobernantes solo respondan a los electores, y no a sus financistas. Entonces sí podría reconocer que Giammattei trabaja verdaderamente por una “Guatemala diferente”; de lo contrario, él ya sabe cómo será recordado.

Guatemala, 3 de enero de 2021.

FOTO tomada de Google.

 

 

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