Desorden
presupuestario, premio a los alcaldes
En la actual legislatura 2024-2028 se está haciendo
más frecuente autorizar que los fondos anuales de los consejos de desarrollo,
no utilizados por las alcaldías puedan retenerse para ser utilizados el año
siguiente. La razón primaria de este problema es que los alcaldes siguen
fallando en la formulación de sus proyectos, en tiempo y calidad. Aunque los
jefes ediles le echan la culpa de los atrasos a las instituciones que emiten
los dictámenes o avales establecidos conforme la ley.
El problema no es menor. Es increíble que a estas
alturas del año todavía haya proyectos pendientes de aprobación (de arrastre,
le dicen), provenientes del año 2024.
Al mes de agosto, la ejecución de recursos asignados a
los Consejos de Desarrollo se sitúa en 29% de Q12 MIL MILLONES. El Decreto
7-2025 generará CAOS FISCAL por el arrastre de fondos (Prensa Libre, pag. 3,
septiembre 4 de 2025) para el siguiente ejercicio fiscal.
Apenas el viernes 5 de septiembre, el Consejo Nacional
de Desarrollo (CONADUR) tuvo que ampliar el plazo para firmar convenios de
proyectos hasta el 31 de octubre. Ésta es la TERCERA PÓRROGA del año 2025, y
abarca proyectos “atrasados” de 2024 y del presente año.
La resolución del CONADUR impone una camisa de fuerza,
al fijar tres plazos, en la forma siguiente:
1)- al 12 de septiembre para que los alcaldes presenten sus expedientes de proyectos a Segeplan.
2)- al 30 del mismo mes para
que Segeplan emita opinión técnica de cada proyecto,
3)- hasta el 31 de octubre para la firma de los convenios
tripartitos (Codede, alcaldes, Cocodes) de cada proyecto.
La ampliación de estos plazos a alcaldes se repite año
con año. Por consiguiente, el asunto se ha convertido en un círculo vicioso. Las
alcaldías muestran grandes falencias en la conformación de los expedientes, en
gran parte, debido a la falta de capacidades técnicas en las oficinas
municipales de planificación. Este problema se vuelve notorio cada cuatro años,
porque los alcaldes nuevos, especialmente, no contratan personal idóneo, sino a
los amigos que participaron en la campaña electoral, o bien los que son
recomendados por sus financistas.
Las finalmente, quienes pagan las consecuencias son
los vecinos, especialmente cuando se pierden los recursos, como ya ha ocurrido
en muchos casos, como ejemplo, Antigua Guatemala, por ejemplo.
Las críticas al Decreto 7-2025.
Sectores académicos, empresariales, dirigentes de
sociedad civil, diputados y especialistas se han pronunciado en contra de la
emisión del flamante decreto 7-2025, pidiendo al presidente de la República que
no lo sancione. Incluso, el Ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, ha
solicitado que se hagan enmiendas. Las opiniones en contra:
-Con este decreto se pierde la rectoría de las
finanzas públicas. Esto es un grave riesgo para la institucionalidad.
-Interfiere en el Ejecutivo al fijar plazos perentorios para emitir dictámenes o avales de proyectos.
-No es correcto valerse del “silencio administrativo” para forzar a las instituciones a pronunciarse.
-En estas condiciones, los avales serían de tipo “express”,
lo que compromete la calidad del dictamen, y conlleva a que los funcionarios que
los firman puedan caer en la comisión de algún delito.
-Es un mal precedente que el Congreso “normalice” este
tipo de normas, porque premia la ineptitud de quienes elaboran los proyectos,
incluyendo a los alcaldes, al tiempo que trastoca la institucionalidad
presupuestaria del Estado.
-Como objeción al flamante decreto hay que mencionar
su pecado original: la aprobación se hizo de manera sospechosa. ¿Por qué? Porque
se alteró el proceso parlamentario. Ni siquiera hubo dictamen de la Comisión.
Tampoco se realizaron las lecturas de ley, porque se aprobó “de urgencia
nacional”, al estilo de las legislaturas recién pasadas.
Mi conclusión: el mandatario está en una encrucijada si el decreto aprobado llega a sus manos como está. Porque en dicho decreto confluyen intereses diversos y algunos de ellos pesan en un contexto cargado de eventos de trascendencia para el futuro del país. Ojalá los diputados que orquestan estos arreglos legislativos recapacitaran para hacer los cambios necesarios. El camino es complejo, el bien del país exige el máximo esfuerzo de cada uno los actores involucrados para alcanzar acuerdos políticos para fortalecer la democracia.
Guatemala, 6 de septiembre de 2025.