Las Mipymes necesitan
apoyo por la calamidad del Covid 19
Ernesto Sitamul
De
los 3 mil 667 millones 500 mil quetzales aprobados por el Congreso de la
República, Decreto 12-2020, para atender la emergencia provocada por la pandemia
del Coronavirus (Covid-19), 400 millones serán utilizados para otorgar
préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales
tendrán dificultades para mantener el ritmo de su actividad económica y el pago
de sus empleados, lo que necesariamente agudizará la crisis en el sector.
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| Foto tomada de Google |
En
el Artículo 13, numeral 2 de dicho decreto se establece que será el Ministerio
de Economía el responsable de administrar
ese fondo, otorgando préstamos con tasas de interés preferenciales no
mayores al promedio a la tasa pasiva vigente en el sistema bancario. La ley
también establece la prohibición para utilizar los recursos provenientes de
este fondo para gastos de consumo personal, superfluos o no relacionados con la
actividad empresarial.
No
obstante la importancia de crear este fondo de emergencia, para contribuir a
aliviar la economía y el empleo en las Mipyme, los 126 diputados que aprobaron
el Decreto 12-2020, cometieron una acción descarada, al incluirse entre los
potenciales beneficiarios, pues al final
esta norma se incluyó la frase: “Estos créditos se otorgarán sin restricción, para las
personas políticamente expuestas”.
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| Foto tomada de Google |
En
mi opinión, este hecho es inmoral. Primero, porque si los más de 500
funcionarios públicos, incluyendo diputados, presidente y vicepresidente de la
República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Contralor General de
Cuentas, entre otros, solo ellos se llevarían un alto porcentaje del fondo. En
segundo lugar, la ley establece que dichos créditos deben otorgarse sin ninguna
restricción a las personas políticamente expuestas. Esta afirmación supone que estas
personas no estarán obligadas a cumplir los requisitos reglamentarios que
fijará por mandato legal el Ministerio de Economía. O sea, se crea un
privilegio para este grupo de personas, discriminando a los micro, pequeños y
medianos empresarios.
En
el Artículo 13, numeral 2, también se crea
el Fondo
de Protección de Capitales por 250 MILLONES de
quetzales, el cual será administrado por el Crédito Hipotecario Nacional, para otorgar créditos a: comerciantes
individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, con
tasas de interés preferenciales no mayores al promedio a la tasa pasiva vigente
en el sistema bancario. El CHN elaborará un reglamento sobre los requisitos y
condiciones para obtener un préstamo.
Otra
vez, los diputados se auto conceden el privilegio de
que podrán acceder a estos créditos sin sin
restricción
alguna, por ser personas políticamente
expuestas.
Para
crear este fondo se instruye al Ministerio de Finanzas Públicas a complementarlo mediante readecuaciones
presupuestarias del actual ejercicio fiscal.
Bien
harían los diputados en proponer al pleno la derogatoria de ese privilegio; o,
por lo menos, se esperaría que las bancadas minoritarias tomen la iniciativa, y
si en caso no fuese posible, quedaría para la historia la ambición y el descaro
de los 16 que aprobaron esta norma, en perjuicio de los que más necesitan de
apoyo ante la emergencia del Covid-19.
Jocotenango,
30 de marzo de 2020.