Ayuda de emergencia para los más necesitados


Las Mipymes necesitan apoyo por la calamidad del Covid 19
Ernesto Sitamul
De los 3 mil 667 millones 500 mil quetzales aprobados por el Congreso de la República, Decreto 12-2020, para atender la emergencia provocada por la pandemia del Coronavirus (Covid-19), 400 millones serán utilizados para otorgar préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales tendrán dificultades para mantener el ritmo de su actividad económica y el pago de sus empleados, lo que necesariamente agudizará la crisis  en el sector.

Foto tomada de Google

En el Artículo 13, numeral 2 de dicho decreto se establece que será el Ministerio de Economía el responsable de administrar  ese fondo, otorgando préstamos con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio a la tasa pasiva vigente en el sistema bancario. La ley también establece la prohibición para utilizar los recursos provenientes de este fondo para gastos de consumo personal, superfluos o no relacionados con la actividad empresarial.
No obstante la importancia de crear este fondo de emergencia, para contribuir a aliviar la economía y el empleo en las Mipyme, los 126 diputados que aprobaron el Decreto 12-2020, cometieron una acción descarada, al incluirse entre los potenciales beneficiarios, pues al final  esta norma se incluyó la frase: “Estos créditos se otorgarán sin restricción, para las personas políticamente expuestas”.
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En mi opinión, este hecho es inmoral. Primero, porque si los más de 500 funcionarios públicos, incluyendo diputados, presidente y vicepresidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Contralor General de Cuentas, entre otros, solo ellos se llevarían un alto porcentaje del fondo. En segundo lugar, la ley establece que dichos créditos deben otorgarse sin ninguna restricción a las personas políticamente expuestas. Esta afirmación supone que estas personas no estarán obligadas a cumplir los requisitos reglamentarios que fijará por mandato legal el Ministerio de Economía. O sea, se crea un privilegio para este grupo de personas, discriminando a los micro, pequeños y medianos empresarios.
En el Artículo 13, numeral 2, también se crea el Fondo de Protección de Capitales por 250 MILLONES de quetzales, el cual será administrado por el Crédito Hipotecario Nacional, para otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio a la tasa pasiva vigente en el sistema bancario. El CHN elaborará un reglamento sobre los requisitos y condiciones para obtener un préstamo.
Otra vez, los diputados se auto conceden el privilegio de
que podrán acceder a estos créditos sin sin restricción
alguna, por ser personas políticamente expuestas.
Para crear este fondo se instruye al Ministerio de Finanzas Públicas a complementarlo mediante readecuaciones presupuestarias del actual ejercicio fiscal.
Bien harían los diputados en proponer al pleno la derogatoria de ese privilegio; o, por lo menos, se esperaría que las bancadas minoritarias tomen la iniciativa, y si en caso no fuese posible, quedaría para la historia la ambición y el descaro de los 16 que aprobaron esta norma, en perjuicio de los que más necesitan de apoyo ante la emergencia del Covid-19.
Jocotenango, 30 de marzo de 2020.



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