Termina
un año. Viene una nueva oportunidad
Llegar al final de un ciclo, un año, el mundo se
prepara para afrontar un nuevo ciclo, el año 2026. En Guatemala se presentarán
grandes retos a nivel de país, como las elecciones de segundo grado, comenzando
con la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en marzo;
la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en abril; la
elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, en mayo, y la
elección de Contralor General de Cuentas.
En todas estas elecciones está involucrado el Congreso de la República (160 diputados nacionales y distritales), y solo en la elección de Fiscal General no tiene la decisión final, sino que ésta corresponde al Presidente de la República. En general, todos los actores con poder de decisión están llamados a cumplir la Constitución y las leyes respectivas, para fortalecer la institucionalidad democrática. También es necesaria la participación de organizaciones de sociedad civil y ciudadanía en general, para ejercer sus derechos de auditoría social.
Desde 2023, apenas el entonces candidato presidencial
Bernardo Arévalo obtuvo el primer lugar en las elecciones generales, comenzó
una brutal arremetida judicial, encabezada por el Ministerio Público y algunos
jueces venales, en contra del partido postulante. Posteriormente, Arévalo ganó la
presidencia de la República, y desde entonces no ha parado la criminalización y
persecución despiadada, abarcando también líderes sociales, defensores de derechos
humanos y periodistas. Pero todo eso no fue suficiente para esos actores
antidemocráticos. La persecución, encarcelamiento o exilio en varios casos,
también incluyó a jueces y fiscales leales al estado de derecho. Su delito fue
investigar a funcionarios corruptos.
*El Poder Ejecutivo cumple dos años de funciones, complicados, en gran parte por la criminalización; incluso, acciones consideradas “golpistas”; la renuncia o destitución de ministros, la judicialización de algunos proyectos viales que entorpecieron la continuidad de su ejecución y la falta de interlocutores efectivos del gobierno en el Congreso de la República, situación agudizada por la partición de la bancada oficialista y las acciones de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y algunos jueces afines al MP, que tienen parqueado al partido Movimiento Semilla.
*El Congreso de la República carga con el indecente
incremento salarial de los 160 diputados, autorizado el año pasado, pero que ya
no fue revisado para revertirlo, como lo pedía a gritos la ciudadanía. Ese lamentable
despropósito en nada cambió la conducta de los diputados. El Congreso también
termina desgastado por el abusivo uso de la fiscalización a los funcionarios
públicos, debido a inconfesados intereses. Además, la manera opaca y de “urgencia
nacional” con la que aprobó el presupuesto del próximo año les cobró factura a
los diputados, quienes este 30 de diciembre recibieron un BALDE DE AGUA FRÍA,
cuando la Corte de Constitucionalidad resolvió suspender provisionalmente el
Decreto 27-2025.
*Termina el año 2025, con una Corte Suprema de
Justicia enfrascada en una crisis por intereses creados entre sus 13
magistrados, al extremo de que desde octubre pasado han sido incapaces de
elegir al presidente de ese organismo para el período 2025-2026. Estos
magistrados cargan con el desprestigio de haber cometido el abuso de designar
magistrados de nuevas salas de apelaciones, facultad que corresponde al
Organismo Legislativo, como lo ha demostrado hasta la saciedad el abogado
constitucionalista Edgar Ortiz Romero. El mal precedente está consumado, con la
venia de la Corte de Constitucionalidad.
*Por cierto, esta Corte ha sido permisiva con ciertas
resoluciones del juez penal Fredy Orellana, quien ha manoseado la Ley
Constitucional que rige al Tribunal Supremo Electoral, con lo cual ha debilitado
su autoridad, y habilita para que otros jueces puedan interferir en resoluciones
de materia electoral. La CC y la CSJ le han dado larga al señalado juez, de la
mano con la flamante fiscalía especial contra la impunidad, criminalizando de
manera sesgada o tramposa a líderes sociales, como los ex representantes de los
48 Cantones, Héctor Chaclán y Luis Pacheco, así como el expresidente del diario
El Periódico Jose Rubén Zamora Marroquín.
La actual magistratura del tribunal constitucional también cometió el año que finaliza un doble ambienticidio, al suspender los reglamentos sobre residuos y desechos sólidos y sobre las plantas de tratamiento, dos de las competencias asignadas a las alcaldías. Quien presentó el amparo respectivo fue el presidente de la ANAM. Con todo el platal asignado a las comunas es mentira y hasta vergonzoso argumentar que no tienen recursos para implementar dichos reglamentos.
*Los alcaldes figuran entre los caciques del poder
local. Anclados en un sistema presidencialista, éstos tienen el poder para
cooptar a los llamados concejales y síndicos de
oposición. Jugosos salarios,
dietas abultadas e inmerecidas, abuso en Compras
de BAJA CUANTÍA, para compras o contratos de asesoría técnica o
profesional, sin resultados efectivos. Lo peor es que NO hay rendición de
cuentas de manera detallada a la población.
Ella también ostenta la representación suplente del sector de ONGs en el Consejo Departamental de Desarrollo, por lo tanto, no tiene una participación directa de manera permanente. No obstante, tiene la percepción de que hace falta comunicación a lo interno de cada uno de los 10 sectores NO estatales allí representados, y también advierte falta de interés en temas para el departamento. Puso el ejemplo de la última reunión extraordinaria del CODEDE, a la que solo asistieron tres representantes. En resumen, algunos solo llegan a ocupar el puesto, pero sin un verdadero compromiso de trabajar por su sector, apunta.
Algunos de nuestros deseos para 2026.
-Que no haya judicialización de los procesos de
elecciones de Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Fiscal
General y Contralor General de Cuentas. Que se cumplan los plazos legales y que
la CC sea INTOLERANTE con las güizacherías previsibles.
-Que las y los mejores abogados participen en la
convocatoria de las Comisiones de Postulación y que éstas elijan los mejores
perfiles.
-Rescatar la independencia judicial en todos los entes
involucrados, para que éstos dejen de actuar maliciosamente para favorecer
intereses de las élites, en perjuicio de la mayoría de la población.
-Si tienen un poquito de vergüenza o arrepentimiento
por sus perversas ejecutorias, la Fiscal General y su séquito directo de
aduladores deben entender que su tiempo se termina.
-Los diputados tienen un rol importante en todas las
elecciones, porque son ellos los que eligen directamente en tres de las cuatro
elecciones.
--Los alcaldes están llamados a rendir cuentas no solo
de los recursos provenientes del sistema de Consejos de Desarrollo, sino también
de los ingresos propios. Deben entender que la ciudadanía les cobrará la
factura en las urnas electorales
--Es deseable que la juventud, hombres y mujeres, se
involucren en los consejos comunitarios de desarrollo y demás organizaciones de
sociedad civil, para exigir rendición de cuentas a los alcaldes y demás
autoridades públicas en el municipio. Los vecinos deben ejercer su derecho de
acceso a la información para estar informados de primera mano, y no dejarse
engatusar por las noticias de las redes sociales.
Guatemala merece un mejor futuro, donde impere el
estado de derecho, donde se combata la corrupción y la impunidad, donde reine
la ética en la conducta de los funcionarios y empleados públicos, desde las
municipalidades, pasando por las gobernaciones, los diputados, los jueces y
magistrados, los fiscales, hasta la presidencia de la República y las
magistraturas de las altas cortes de justicia.
--El gran deseo es poder recobrar la confianza en las instituciones públicas, lo cual está asociado con la calidad de los procesos electorales ya indicados, que conlleva elegir autoridades con principios éticos y morales, de probada experiencia profesional y comprometidos con el bien común.
Jocotenango, 30 de diciembre de 2025.
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