Clausura Diplomado sobre Normas Electorales

Participantes en diplomado sobre Normas Electorales.

Por: Eddie Fernández[1]
Apreciadas amigas y apreciados amigos que nos acompañan hoy, tengan todos una excelente mañana.
Diplomado Normas Electorales y Participación Ciudadana
La importancia de la participación ciudadana en la conducción del Estado es reconocida desde hace 32 años, y durante estos tres decenios han ocurrido avances principalmente formales en cuanto al tema, mientras que en la práctica se han producido acciones muchas veces contrarias a su desarrollo. ¿Qué ha pasado? Lo sabemos. ¿Por qué ha pasado? Comenzamos a entenderlo. ¿Qué oportunidades de impulsar el tema tenemos? Las analizaremos. ¿Cómo lo haremos? Es lo que debemos discutir.


Modernización del Estado y Participación Ciudadana
Se puede decir que la modernización del Estado, y el fomento de la participación ciudadana, como un requisito para ésta, tuvieron sus inicios en 1985 con la promulgación de una nueva Constitución y la vuelta a gobiernos electos democráticamente.
*En esta Carta Magna se incluyó el mandato de integrar el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y en 1987 se emitió la primera ley del Sistema, pero presiones políticas e intereses militares lograron que el gobierno desistiera de su implementación. En 1988 la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales los Consejos Locales de Desarrollo y el Sistema se desactivó.
**Para 1994 el gobierno de Ramiro De León Carpio trató de revivirlo asignando presupuesto a un fondo social que financió obras de infraestructura, pero sin llevar a cabo el proceso de planificación participativa.
***La firma de los Acuerdos de Paz sería el siguiente paso importante en el desarrollo de la participación ciudadana, con el compromiso de fortalecer el marco legal relacionado al tema, y el objetivo de que el Estado y el gobierno desarrollaran mecanismos para escuchar mejor a la población para satisfacer efectivamente sus necesidades.
****Producto de estos compromisos, en 2002, se emitió la reforma de la Ley de Consejos de Desarrollo y al Código Municipal, y la Ley General de Descentralización.
A partir de este año los temas relacionados con estas normativas pasaron a formar parte importante del discurso y de algunas acciones de todos los gobiernos, así como de las iniciativas que trabajaban desde lo local en el desarrollo del país.
Pero ninguno de los cinco gobiernos que se han sucedido desde 2002 se ha apropiado de estas tareas ni las ha impulsado como se necesita; al contrario, todos han ejecutado acciones que desmotivan la participación de la población. Veamos algunos ejemplos.
Promoción de la participación ciudadana
Durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo fueron emitidas las leyes relacionadas con la participación ciudadana y se duplicaron las transferencias a las municipalidades. Pero se recuerda que fue durante esta administración que se reactivó la organización de las Patrullas de Autodefensa Civil, con resultados controversiales.
También tenemos memoria de que fueron suscritos al final del mandato los convenios de cooperación con la Comisión Europea para la ejecución de los dos proyectos de cooperación internacional más grandes en relación con el fortalecimiento municipal y la participación ciudadana, que invirtieron casi Q350 millones, los cuales levantaron grandes expectativas, pero que al final tuvieron impactos muy limitados.
Durante el mandato de Óscar Berger se evidenciaron fortalezas organizativas de la sociedad civil, rural, principalmente, con la organización de pueblos indígenas en relación con el aprovechamiento de los recursos naturales de sus territorios.
Desde aquellos años hasta ahora se han realizado en diferentes municipios 76 consultas comunitarias de buena fe, tomando como base el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo.
En la mayoría de los casos, las comunidades han rechazado las actividades de aprovechamiento de recursos naturales que se pretenden, como minería e hidroeléctricas, para las cuales el gobierno central ha autorizado licencias de diferentes tipos.
El Ejecutivo y el Congreso han desestimado los resultados de estas consultas y el primero nunca contó con una entidad interlocutora con las comunidades involucradas. Hasta hace unos meses el asunto fue retomado.
Durante el gobierno de Álvaro Colom en lugar de fortalecer la institucionalidad existente para la planificación participativa, se creó otra paralela con el Programa de Cohesión Social, que coordinó la asistencia del gobierno hacia los municipios con más altos grados de pobreza del país. Nunca se aclaró cuál era el vínculo de esa institucionalidad con el sistema nacional de planificación del desarrollo, y la actitud de este gobierno ante las consultas comunitarias no fue diferente a la del gobierno anterior.
En el gobierno de Otto Pérez Molina, por el lado de la participación ciudadana sistemática, fue relevante que se construyó el Plan Nacional de Desarrollo Katun, Nuestra Guatemala 2032, en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo, lo que implicó un impulso a ese mecanismo, pero como en la administración previa, fue creada una institucionalidad específica a cargo de las planificaciones y ejecuciones más importantes.
Con base en lo anterior se puede concluir que la promoción de la participación ciudadana ha sido un tema políticamente correcto de mencionar, conocer y abordar, pero por sus potencialidades de transformar el estado de las cosas se ha evitado llevarlo a la práctica en un esfuerzo nacional. Al estatus quo no le conviene la auditoría social, la transparencia, la rendición de cuentas, los presupuestos participativos ni la democratización de las organizaciones.
Como todos sabemos, el gobierno pasado llevó al máximo la exasperación de la población por los altos grados de corrupción e ineficiencia de la administración pública, lo que motivó movilizaciones y una forma de participación que hacía tiempo no se expresaba con tanta intensidad ni había logrado resultados tan importantes.
Las manifestaciones de la ciudadanía coincidieron con otros factores para provocar la salida del gobierno del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Las acciones del Ministerio Público (MP), respaldadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el apoyo de la embajada estadounidense, fueron otros elementos que contribuyeron a la renuncia de los funcionarios mencionados y al posterior enjuiciamiento de ellos y buena parte de su equipo de gobierno.
Por primera vez, además, se está llevando a los tribunales no solo a los supuestos corruptos, sino a los supuestos corruptores, entre ellos prominentes empresarios.
En este contexto la ciudadanía cobró consciencia de cómo funcionaban los partidos políticos y la relación directa entre los desmesurados y oscuros aportes de campaña electoral y los malos manejos en la administración pública: el pecado original de la democracia guatemalteca.
A raíz de estos hechos, en el marco de la lucha contra la corrupción se ha puesto en discusión de lo que es capaz la ciudadanía participativa e involucrada en los asuntos de interés público. Asimismo, la necesidad de desarrollar su involucramiento cotidiano, más allá de las elecciones.
Como una muestra de madurez se interpreta el hecho de que los guatemaltecos hemos discutido la necesidad de cambiar la organización estatal y no solo un gobierno que se aprovecha de sus deficiencias.
Entonces surgió el afán ciudadano por empujar cambios estructurales en el Estado. Y al cumplimiento parcial de este propósito respondieron las modificaciones impulsadas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos de 2016, que entre otras medidas trascendentales regulan el uso de los medios de comunicación por parte de los partidos políticos; limitan y controlan los aportes a las actividades de estos, y establecen destino específico hacia la formación de afiliados para una parte de los aportes que reciben.
Estas medidas, junto con el fortalecimiento del estado de derecho y de la cultura de legalidad, plantean un escenario totalmente diferente para la ciudadanía, los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral.
Este escenario se percibe lleno de potencialidades, para que la participación social sea mucho más efectiva, contribuya a la gestión de políticas públicas eficientes y mejore la gobernanza en el país, como nunca antes ha ocurrido.
*Los partidos políticos, a regañadientes, comienzan a abrir espacios para nuevos liderazgos, y eso es una gran posibilidad de cambio.
*En este momento debemos reflexionar, con base en los conocimientos adquiridos en este diplomado que hoy se clausura, sobre el impacto de la reforma electoral en la participación ciudadana desde tres perspectivas: nacional, partidaria e institucional.
1. Nacional. Existe desde el año 2002 un marco legal para la participación ciudadana en Guatemala. Pero las principales limitantes para la puesta en práctica de estas normativas, que buscan fortalecer la democracia participativa, están vinculadas principalmente con la corrupción en la obra pública y la cultura autoritaria. Sobre esto convendría indagar:
·        ¿Si los cambios a la LEPP contribuirán con la efectividad de los mecanismos estatales de participación?
·        Y ¿Cómo afectarán la dinámica de los Consejos de Desarrollo Comunitarios, Municipales y Departamentales las restricciones y controles impuestos a los partidos políticos en términos de finanzas y uso de medios para propaganda?
2. Partidaria. Acerca de los partidos políticos se ha reconocido que han funcionado como maquinaria electoral con capacidad de condicionar el voto, cooptar líderes, “acarrear” votantes, y que son estructuras propiedad de determinadas personas, establecidas de manera antidemocrática. Acerca de este tema convendría explorar:
·        ¿Cómo cambiarán las formas de hacer proselitismo por parte de los partidos políticos?
·        ¿Mejorarán las posibilidades de que el interés público domine entre la ciudadanía para integrarse a una organización política?
·        ¿Qué cambios deberán efectuar los partidos políticos para aproximarse a la ciudadanía y convencerla de ser merecedoras de su voto?
3. Institucional. Debemos pensar:
·        ¿Cuáles son las razones por las cuales las autoridades electorales asumen funciones en promoción de la participación cívica y política?
·        ¿Qué formas de participación ciudadana son puestas en práctica en el marco legal específico de ésta y fuera de él?
·        ¿Qué esfuerzos han impulsado entidades estatales para que la ciudadanía incida en políticas públicas?
·        ¿Qué espacios de incidencia para la población se ofrecen en el proceso de las políticas públicas guatemaltecas?
Para finalizar quiero decir que el marco legal está cambiando, el ánimo social se está transformando y algunas instituciones muy importantes se están fortaleciendo. Todos debemos detenernos a observar, comparar y contrastar, con la finalidad de saber ocupar los nuevos espacios que se abren para quienes anteponemos el interés público. Sabemos que este diplomado será de mucha utilidad para ese cometido. Felicitamos sinceramente a la Asociación IXIM por organizarlo y esperamos poder profundizar nuestra cooperación con ustedes. Muchas gracias.


[1] Discurso de Lic. Eddie Fernández, Director del Instituto de Capacitación Cívica, Política y Electoral, del Tribunal Supremo Electoral, en el acto de clausura del diplomado “Normas Electorales y Participación Ciudadana”, de Asociación IXIM, el sábado 10 de noviembre de 2018, en el Palacio de los Capitanes Generales, Antigua Guatemala.

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