El embrión de la cooptación
del poder político.
Ernesto Sitamul
Tanto amor de servir a Guatemala o tanto
interés por hacer negocios por medio de los partidos que, como los califican
analistas políticos, se trata de vehículos electoreros, no de instituciones
sólidas que puedan tener ideas, planes y programas de gobierno, debidamente fundamentados.
Porque, después de las elecciones generales de 2023, un total de 11 partidos
desaparecieron por falta de respaldo popular en las urnas, pero una reciente
noticia publicada por Prensa Libre anuncia que igual número de nuevos grupos pretenden
convertirse en partido político para las próximas elecciones.
De acuerdo con la Ley Electoral y de
Partidos Políticos, aquellos grupos que no alcancen como mínimo el 5% de los
votos válidos emitidos en elecciones generales, desaparecen por ley, de manera
automática, aunque, a veces, el Tribunal Supremo Electoral actúa con tibieza o
complacencia sospechosa, al dilatar la resolución respectiva, como ha ocurrido
en el presente caso.
Para constituir un partido político, éste debe contar como mínimo con el 0.30% del total de ciudadanos empadronados en las últimas elecciones, es decir, las celebradas en el año 2023, quienes deben estar en el pleno goce de sus derechos políticos y por lo menos la mitad debe saber leer y escribir, según el artículo 19 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, inciso “a”.
La consecución de ese número de
afiliados es tarea costosa, tanto en tiempo, como en recursos dinerarios para
“gratificar a quienes accedan a firmar, primero, las hojas de adherentes, y
luego las hojas de afiliados. Me recuerdo hace unos 15 años, un comité pro
partido que regalaba azadones y machetes por cada firma, sin saberse con certeza
quiénes eran los financistas. Para los partidos ya constituidos, la ley electoral
establece que las donaciones en especie también se deben cuantificar,
asignándoles un valor de mercado y llevar un libro de registro contable
específico.
Aquí pueden formularse varias
preguntas: ¿Quién aporta ese dinero? ¿Cómo se recupera ese gasto? ¿Es posible
que haya donaciones generosas, sin ningún interés particular?
Desde esta etapa de formación de los
partidos políticos comienza apercibirse detrás de esos “regalos” o aportes, la
existencia de caciques o financistas, quienes serán realmente los dueños de los
futuros partidos, y serán ellos, muchas veces, sin aparecer en el escenario,
los que van a imponer directivos para tener el control partidario. Y, por supuesto,
con “derecho de piso”, serán ellos quienes también decidan las principales
candidaturas para cargos de elección popular.
En caso de llegar al poder, esos candidatos van condicionados a servir a sus financistas o padrinos, sea en el Congreso, en la Presidencia o, incluso, en las municipalidades. Por cierto, no hay estudios o investigaciones académicas (o, talvez no se conocen) que se refieran a la magnitud de los efectos del financiamiento privado en las elecciones locales y en el ejercicio del poder local.
Al igual que en campañas a nivel
nacional (presidencia y diputaciones), las elecciones municipales se han
convertido en los nichos de financistas regionales o departamentales que miran
en las alcaldías una mina de oro.
Solo en inversiones públicas del
gobierno central, vía sistema de consejos de desarrollo, se puede citar una cifra
aproximada de SEIS MIL MILLONES de quetzales en el año 2025. A esto hay que
sumarle otros montos millonarios por el famoso situado constitucional que,
fácilmente, duplican aquel monto. Pero la cuenta se eleva aún más, cuando
hablamos de los recursos propios de las municipalidades, lo que convierte al
ser sector municipalista en un fuerte atractivo de financistas políticos.
Vuelvo a la pregunta: ¿tanto amor de servir desde el poder político, o tanto amor por servirse de las ventajas que da ese poder? Las respuestas pueden encontrar eco en los nombres y referencias que publica Prensa Libre sobre los grupos que quieren ser partido político:
1) Fuerza por Guatemala, encabezada
por Mauricio Radford, intenta resucitar el desaparecido partido Fuerza, que
postuló a Alejandro Giammattei en 2015. 2) Servir, liderada por Erwing Antonio
Tobar Ralón, es la plataforma impulsada por Carlos Pineda para competir por la
presidencia. 3) La Nueva Derecha, así se autodenomina el Partido Liberal
Guatemalteco, promovido por Camilo Johannes Dedet Casprowitz, exsecretario
ejecutivo del gobierno de Giammattei, 4) Dignidad, con Gabriel Romero Pérez
como secretario general, se presenta como heredera del Movimiento para la
Liberación de los Pueblos (MLP).
Otros grupos son: 5) Chapín, cuyo
secretario general es Mario Alfonso López Silvestre, ex aspirante a diputado
por Unión Republicana. Ese partido respaldó candidaturas como la de Otto Pérez
Leal en Mixco y Heber Melgar Padilla al Congreso, 6) Revolución, dirigida por
Arnoldo Francisco Pérez Pérez, técnico legislativo, 7) XGuate, impulsada por el
excandidato a diputado de Cabal, Manuel Haroldo Castillo Reyna, 8) Transformación
Nacional, cuyo secretario general es Ramón Conrado Aguilar, excandidato con
FCN-Nación (2015) y Prosperidad Ciudadana (2023), 9). Renovación Ciudadana, con
Edwin Oswaldo Casprowitz Sagastume, quien ha servido al Ministerio de Cultura,
el MAGA y el Congreso, 10) Patria, encabezada por Elmer Romeo Lucas Shicay,
excandidato del PAN.
En conclusión, la abundancia de
grupos partidistas, electoreros, no fortalece la democracia, más bien la fragmenta,
y genera dinámicas perversas por arreglos y cuotas de poder, que nada tienen
que ver con la ideología y programas de gobierno.
Esa fragmentación sirve para negociar
cuotas de poder, especialmente para la segunda elección presidencial, y para
hacer arreglos mafiosos en el Congreso de la República, en los que se hacen
visibles algunas mini bancadas llamadas por los analistas, bloques “bisagra”.
En resumen, la proliferación de
partidos no es ninguna esperanza para que, de verdad, florezca la democracia. Imagen
tomada de Google.
Guatemala, 26 de junio de 2025.