Por reiteradas ilegalidades, JM obligado a nombrar nuevos gobernadores


Nadie debe estar por encima ni por debajo de la ley
Ernesto Sitamul
El título de este artículo parafrasea uno de los pensamientos expresados por el mandatario guatemaltecos en distintas ocasiones, cuando se le ha cuestionado el incumplimiento de la ley por parte de funcionarios públicos. Parece que JM no tiene claro que cualquier autoridad y funcionario público solo puede ejecutar lo que la ley le manda y que está supeditado a su imperio. En el caso de nombramiento de gobernadores, el gobernante se ha lucido por irrespetar dos leyes; una es la del Organismo Ejecutivo y otra es la de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.



Uno de los yerros del mandatario ha sido nombrar personas que no figuran en las ternas titulares, las cuales son convocadas y acordadas por los representantes no gubernamentales en los Consejos Departamentales de Desarrollo. Al incumplir el procedimiento legal establecido, JM se ha puesto por encima de la ley, contradiciendo su enredado y confuso pensamiento de que “nadie debe estar por encima ni por debajo de la ley. En este caso, el asunto es grave, porque ha habido reincidencia en cometer el mismo error legal en el nombramiento de gobernadores. Uno no sabe si la motivación de ese comportamiento público es intencional, deliberado o político. El asunto es todavía más grave, porque los nombramientos de gobernadores no son obra exclusiva del presidente, sino de su Secretario General, y, posiblemente el trámite pase por un grupo de asesores jurídicos, quienes tendrían que explicar al mandatario que él solo puede actuar bajo el imperio de la ley; pero nunca por encima de ella, como efectiva y obviamente lo ha hecho en nombramientos abiertamente anómalos.
Y para muestra un botón más. Por enésima vez, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordena al Presidente de la República, repetir el proceso de nombramiento de los gobernadores de San Marcos y de Huehuetenango, constituyendo un nuevo revés jurídico contra JM y sus asesores. El comportamiento del gobernante genera varios problemas en la administración pública de los departamentos, porque se trata de funcionarios que lo representan y coordinan las políticas públicas, incluyendo la coordinación del Consejo Departamental de Desarrollo.
La situación no puede ser peor para San Marcos y Huehuetenango, donde tiene que repetirse el proceso de nombramiento, a poco más de la mitad del actual período de gobierno. El caso de San Marcos constituye la expresión más aberrante del irrespeto a la ley, pues con la resolución ya citada de la CC, está obligando a JM a emitir el OCTAVO nombramiento de gobernador en dos años. El gobernante ha nombrado en dos ocasiones a Mario Hugo Miranda, y en ambos casos su decisión ha sido anulada por el tribunal constitucional.
En el caso de Huehuetenango, el actual gobernador, Estuardo Barillas, declaró que él está dentro de la terna que la sociedad civil del Codede envió al mandatario para su nombramiento. Por esta razón, la reunión a la que se ha convocado, prácticamente, es solo para ratificar la terna de candidatos.
Mi conclusión.
JM es reincidente en el irrespeto a las leyes relacionadas con el nombramiento de gobernador, y aun así, se molesta cuando la CC le ordena ajustar su actuación al imperio de la ley. El año pasado también cometió un grave error político al pedir a la misma CC la inconstitucionalidad de preceptos legales que regulan la participación de la sociedad civil en los Codedes para seleccionar las ternas de candidatos a gobernador titular y suplente.
San Miguel Dueñas, 20 de marzo de 2018.




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