Nadie debe estar por encima ni por
debajo de la ley
Ernesto
Sitamul
El
título de este artículo parafrasea uno de los pensamientos expresados por el
mandatario guatemaltecos en distintas ocasiones, cuando se le ha cuestionado el
incumplimiento de la ley por parte de funcionarios públicos. Parece que JM no
tiene claro que cualquier autoridad y funcionario público solo puede ejecutar
lo que la ley le manda y que está supeditado a su imperio. En el caso de
nombramiento de gobernadores, el gobernante se ha lucido por irrespetar dos
leyes; una es la del Organismo Ejecutivo y otra es la de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural.
Uno de los yerros del
mandatario ha sido nombrar personas que no figuran en las ternas titulares, las
cuales son convocadas y acordadas por los representantes no gubernamentales en
los Consejos Departamentales de Desarrollo. Al incumplir el procedimiento legal establecido, JM se ha puesto por
encima de la ley, contradiciendo su enredado y confuso pensamiento de que
“nadie debe estar por encima ni por debajo de la ley. En este caso, el asunto
es grave, porque ha habido reincidencia en cometer el mismo error legal en el
nombramiento de gobernadores. Uno no sabe si la motivación de ese
comportamiento público es intencional, deliberado o político. El asunto es
todavía más grave, porque los nombramientos de gobernadores no son obra exclusiva
del presidente, sino de su Secretario General, y, posiblemente el
trámite pase por un grupo de asesores jurídicos, quienes tendrían que explicar
al mandatario que él solo puede actuar bajo el imperio de la ley; pero nunca
por encima de ella, como efectiva y obviamente lo ha hecho en nombramientos
abiertamente anómalos.
Y
para muestra un botón más. Por enésima vez, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordena
al Presidente de la República, repetir el proceso de nombramiento de los
gobernadores de San Marcos y de Huehuetenango, constituyendo un
nuevo revés jurídico contra JM y sus asesores. El comportamiento del gobernante
genera varios problemas en la administración pública de los departamentos,
porque se trata de funcionarios que lo representan y coordinan las políticas
públicas, incluyendo la coordinación del Consejo Departamental de Desarrollo.
La
situación no puede ser peor para San Marcos y Huehuetenango, donde tiene que
repetirse el proceso de nombramiento, a poco más de la mitad del actual período
de gobierno. El
caso de San Marcos constituye la expresión más aberrante del irrespeto a la
ley, pues con la resolución ya citada de la CC, está obligando a JM a emitir el
OCTAVO nombramiento de gobernador en dos años. El gobernante ha
nombrado en dos ocasiones a Mario Hugo Miranda, y en ambos casos su decisión ha
sido anulada por el tribunal constitucional.
En
el caso de Huehuetenango, el actual gobernador, Estuardo Barillas, declaró que
él está dentro de la terna que la sociedad civil del Codede envió al mandatario
para su nombramiento. Por esta razón, la reunión a la que se ha convocado,
prácticamente, es solo para ratificar la terna de candidatos.
Mi conclusión.
JM
es reincidente en el irrespeto a las leyes relacionadas con el nombramiento de
gobernador, y aun así, se molesta cuando la CC le ordena ajustar su actuación
al imperio de la ley. El año pasado también cometió un grave error político al
pedir a la misma CC la inconstitucionalidad de preceptos legales que regulan la
participación de la sociedad civil en los Codedes para seleccionar las ternas
de candidatos a gobernador titular y suplente.
San
Miguel Dueñas, 20 de marzo de 2018.