Entre más de MIL sujetos obligados por ley, 100 serán monitoreados.
Ernesto
Sitamul
Ha mejorado el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública,
pero aún hace falta mucho camino por recorrer. Los informes de supervisión de
la Secretaría Técnica del Consejo de Acceso a la Información Pública (Secai,
dependencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos) revelan que los
alcaldes municipales, los consejos de desarrollo y los gobernadores, entre
otros de los sujetos obligados, figuran entre los que más incumplen el Decreto
57-2008.
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En este contexto, comenzará a funcionar un
portal electrónico para monitorear el cumplimiento de esta ley, a partir del 13
de julio próximo (www.infopublicagt.org) el cual contendrá el primer monitoreo a
cien sujetos obligados, de un total de 1,283 identificados por la institución del Procurador de los Derechos
Humanos (PDH). Este portal será elaborado por Acción Ciudadana (AC) y
Guatecambia, como una herramienta para fiscalizar el cumplimiento de la Ley de
Acceso a la Información Pública.
El presidente de AC, Manfredo Marroquín, explicó que la idea de crear
esa herramienta es producto de las reuniones de la Alianza por la
Transparencia, en la que también participan el Ministerio
Público (MP), la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH),
Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General de la Nación (PGN) y la
Vicepresidencia de la República.
“Las mediciones que se actualicen mensualmente en la nueva plataforma
serán trasladadas a la Secai y además se remitirá a los sujetos que incumplan
con proporcionar la información de oficio, explicó Mario López, consultor de
Guatecambia”.
Los informes contendrán los datos de oficio establecidos en los artículos
del 10 al 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que obligan a las
instituciones de los tres organismos del Estado, a las oenegés y entidades que
reciben fondos públicos, a mantener disponibles, a través de portales
electrónicos, datos de sus empleados, ejecución presupuestaria y sobre sus
labores.
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| Foto de arriba, Manfredo Marroquín, al microfoco, y foto de abajo, Gabriela Ayerdi, de AC, declara a periodistas. |
De los 1,283 sujetos obligados a proporcionar información pública,
únicamente 300 son monitoreados por la Oficina del PDH.
En un período de tres años el MP ha recibido 47 denuncias por retención
de información pública, pero solo se ha logrado una sentencia condenatoria por
ese delito, de acuerdo con la nota del período ya referido.
Aldea Chipatán, San José Poaquil, 18 de junio de 2017.