El negocio de las dietas en el sector municipal
Las dietas que reciben los integrantes de los concejos municipales cada vez son mal vistas y cuestionadas por la opinión pública y los vecinos, porque estiman que son muy elevadas para el trabajo que realizan, o porque los montos se han venido incrementando notoriamente, aprovechándose de la disponibilidad financiera de las municipalidades y de la flamante autonomía municipal.
El concejo en cada uno de los 340 municipios está integrado por un alcalde, concejales y síndicos, pero el número total de sus miembros varía, según el tamaño de su población. Y también varía el monto de la dieta, el cual se establece atendiendo la capacidad económica de la comuna, como lo estipula el Código Municipal (artículo 39). En esta norma no se menciona un máximo ni un mínimo de dieta, como tampoco el número de sesiones por semana o mes, por lo que estos asuntos quedan expuestos a la discrecionalidad y hasta la arbitrariedad de sus integrantes.
Los abusos cometidos están a la
vista. Solo conozcamos un par de ejemplos para ilustrar este desmadre. En
Quetzaltenango y Villa Nueva, cada uno de los miembros del concejo gana Q4 mil
por asistir a sesión. En el primero, se aumentó el número de sesiones, mientras
que en el segundo municipio realizan en promedio diez sesiones mensuales, por lo
que, en este caso, sus ingresos por dietas son de Q40 mil para cada uno, de
acuerdo con una publicación de prensacomunitaria.org (02-06-2025).
El monto global por dietas municipales
aumentó automáticamente después de las elecciones de 2023, porque se incrementó
el número de síndicos y concejales titulares, a consecuencia de que el Tribunal
Supremo Electoral (TSE), al convocar a elecciones generales, dispuso fijar el
número de síndicos y concejales, de acuerdo con las proyecciones de crecimiento
de población en cada distrito. Anteriormente, el TSE se basaba únicamente en
los datos del Censo de 2018.
Por cierto, el negocio de las dietas
no es solo en las comunas, también ocurre en instituciones vinculadas como el
caso del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM), integrada por
representantes titular y suplentes de varias entidades, entre ellas la propia Asociación
Nacional de Municipalidades (ANAM).
Los ocho integrantes de la Junta
Directiva del PPEM cobraron solo en 2025 la nada despreciable cantidad de Q3
millones 375 mil en concepto de dietas por reuniones, según información
publicada en el diario digital lahora.gt, el 12 de junio de 2025.
Al igual que ocurre en los concejos ediles, la directiva del citado Plan de Prestaciones llevó a cabo sesiones cortas de 22 o 24 minutos. La pregunta obligada es: ¿Cuántos asuntos serios o complejos se pueden discutir y resolver o aprobar en un tiempo tan corto? No hay justificación para proceder de esa forma, y solo pone en evidencia la pura ambición por el dinero sin ningún esfuerzo válido. Otro abuso es realizar más sesiones de las necesarias, lo cual multiplica los beneficios por dietas. Aquí cabe preguntar: ¿Por qué no planificar reuniones con más tiempo de duración para poder atender y resolver más asuntos relevantes?
CONCLUSIONES
* Regular el monto de las dietas y el número
de sesiones en los concejos municipales no es tarea fácil. En el Congreso existen
dos iniciativas al respecto. Una tuvo dictamen desfavorable de la
Comisión de Asuntos Municipales, en manos de un diputado y ex alcalde. La otra,
se encuentra en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, pero sin ningún
avance.
* También hay que dilucidar si la
regulación mencionada no colisiona con la Constitución Política de la República,
por lo puntual y especifico del asunto, pues como se ha expuesto las comunas gozan
de autonomía municipal.
* Si lo que expuesto en este artículo
afecta el interés colectivo de los pueblos, lo único que le queda a los vecinos
de cada municipio es emitir un voto consciente y responsable en las próximas
elecciones, rechazando en las urnas a todos aquellos alcaldes o ex alcaldes que
han hecho mal uso de los recursos públicos, abusando precisamente de la
autonomía municipal, en beneficio de sus intereses particulares.
Jocotenango, 14 de junio de 2026.
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