Polémica por reformas al IUSI
Recientemente
una comisión del Congreso emitió dictamen favorable a un anteproyecto que
pretende introducir reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles,
conocido por su abreviatura IUSI. En 2025 también hubo otra iniciativa en el
mismo sentido, pero no alcanzó dictamen. Se quedó en el limbo legislativo.
El IUSI es un impuesto anual, que
deben pagar los propietarios de inmuebles en la República de Guatemala. Puede
pagarse en una sola cuota, o dividida en cuatro, al mes siguiente de cada
trimestre. Dicho impuesto tiene las siguientes escalas y tasas, según el valor
fiscal de las propiedades:
-De Q2,000.01 a Q20,000, deben pagar
el 2 por millar.
-De Q20,000.01 a Q70,000, el 6 por
millar, y
-De Q70,0001 en adelante, Q9 por
millar.
-Están exentos los dueños de terrenos
con valor fiscal menor a Q2,000.00.
La polémica entre algunos diputados
de distintas bancadas se centra en dos propuestas. La menos provocativa es la
de eliminar las escalas de 6 y 9 por millar, dejando una sola de 3 por millar; la más extrema consiste en eliminar ese
tributo.
En común, las dos propuestas conllevan efectos negativos para las municipalidades, que se verían reflejados en sus ingresos propios. La segunda, me parece que sería fatal para las 340 comunas del país. En algunas, el peso de esos ingresos es significativo para financiar proyectos de desarrollo local.
En la actualidad, solo 57 gobiernos
municipales no cobran directamente este impuesto, sino lo perciben por medio
del Ministerio de Finanzas Públicas.
El debate sobre las reformas al IUSI
se enciende con la carga de la proximidad de las elecciones generales en 2027,
pues las modificaciones propuestas enfrentan directamente a los diputados,
especialmente a los distritales, con los alcaldes del departamento que “representan”,
lo que a primera vista no conviene a los primeros, porque se arriesgan a perder
su caudal político, de cara a sus pretensiones reeleccionistas.
Actualización del valor fiscal
Con la frase anterior me refiero al proceso de avalúo, a cargo de la institución municipal, y auto avalúo, que realiza el propietario de un inmueble, cuando se quiere actualizar el valor fiscal de una propiedad, cuya información sirve de base para determinar la escala y rango del impuesto a pagar. No es frecuente escuchar este tipo de noticia en los municipios, excepto, en la capital, donde se ha practicado especialmente la fórmula del avalúo. Aquí, la opinión pública es que a la comuna capitalina “se le ha ido la mano”.
En el municipio de La Antigua Guatemala, también generó preocupación en la ciudadanía la elaboración de un estudio de padrón predial, por medio del cual se estaría actualizando el valor de las propiedades con fines de incrementar la recaudación del IUSI. Sin embargo, una acción legal tiene en suspenso el mencionado proyecto.
En conclusión
* Establecer nuevos impuestos o
aumentar el monto de los existentes no es bien visto entre la ciudadanía;
tampoco nuevas tasas municipales o incremento de las que ya se cobran, generan
simpatías a los alcaldes, quienes en muchos casos pretenden quedarse de por
vida en el cargo.
* Precisamente, por alimentar esa
ambición, generalmente, los jefes ediles no se atreven a cambiar su sistema de
tasas, pero si son buenos para exigir al gobierno central más recursos.
* Por su parte, la ciudadanía
cuestiona estas medidas, porque no está satisfecha con la gestión del alcalde o
alcaldesa, por la falta de transparencia y eficiencia en la ejecución del
gasto, por lo cual tampoco hay rendición de cuentas, para que los ciudadanos
interesados puedan ejercer sus derechos en materia de auditoría social.
* En resumen, los ciudadanos son
reacios a pagar más o nuevos impuestos, porque perciben que el dinero del
pueblo es malgastado, no solo por ineficiencia técnica y administrativa del
alcalde y su equipo, sino porque esos recursos van a parar a manos de los
financistas de la campaña electoral y a redes de contratistas del Estado,
quienes llegan tener el control de las licitaciones municipales. Imagen de Google.
Asunción Chivoc, San Juan
Sacatepéquez, 22 de abril de 2026.
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