Contra díctamenes de CONRED, aumentan asentamientos

Casi 500 asentamientos en zonas de riesgo.
Ernesto Sitamul

El vespertino La Hora, del 10 de septiembre de 2016, reporta que en la actualidad, existe un aproximado de 490 asentamientos humanos a nivel nacional, los cuales están situados en zonas de riesgo, según diagnósticos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Y cuando se habla de zonas de riesgo nos lleva directamente a sucesos fatídicos como El Cambray II, en Santa Catarina Pinula, donde el año pasado se produjo un trágico deslave de tierra, que provocó la muerte de centenas de personas.
La semana pasada, en Villa Nueva, hubo 10 muertos, cuando un muro de contención cedió ante la fuerza del agua de lluvia.
Solo en la ciudad de Guatemala, la Municipalidad registra unos 280 asentamientos, en sitios riesgosos.
¿Por qué se construyen viviendas en sitios de riesgo?
Amanda Morán, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San Carlos, atribuye esta situación a la falta una política de vivienda social, por lo que la gente de escasos recursos se aviene a construir en zonas de riesgo.
En mi opinión, la construcción de vivienda en sitios de riesgo es consecuencia de la falta de planificación municipal y falta de un Plan de Ordenamiento Territorial. El Código Municipal es muy claro en asignar esta facultar y responsabilidad a los gobiernos ediles.
También existe una responsabilidad de los diputados y alcaldes, quienes por intereses mezquinos, facilitan esas construcciones, incluso, gestionando apoyo económico de las instituciones de gobierno.
Deducir responsabilidades
Por la tragedia del asentamiento El Cambray, el exalcalde Antonio Coro y el actual, están sometidos a proceso judicial, luego que el segundo fue despojado de su derecho de antejuicio, por su presunta responsabilidad, pues habrían ignorado las recomendaciones de la Conred.
En Jocotenango, Sacatepéquez, existe una asentamiento conocido como “El Papelío”, que fue declarado zona de riesgo, por la Conred, desde hace 10 años, no obstante, la municipalidad ha invertido recursos públicos en el desarrollo de ese conglomerado social, incluso, el número de viviendas se ha incrementado por razones de clientelismo político.
Mis conclusiones:
1) El Gobierno de la República debe exigir que todas las municipalidades cuenten con un Plan y Reglamento de Ordenamiento Territorial, como lo manda el Código Municipal.
2) Vigilar por medio de Segeplan que esos planes se cumplan, en beneficio de la vida y el desarrollo de la comunidad.
3) La Procuraduría de los Derechos debe abrir expedientes a los alcaldes que consienten zonas de riesgo, con fines clientelares, poniendo en grave peligro la vida humana.
El Limoncillo, Jocotenango, Sacz, 11 de septiembre de 2016.