Desmanes en CODEDES

¿Invertiría usted en tierra ajena?
Es normal que uno invierta en tierra propia, pero no en tierra ajena. La razón es obvia; sin embargo, pareciera que esa obviedad no lo es cuando se trata de funcionarios de gobierno (central y municipal)que administran recursos públicos, los cuales deben invertir en proyectos de interés colectivo.
El asunto sale a colación, a propósito del informe de la Contraloría General de Cuentas, período fiscal 2011, donde aparece que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) de Totonicapán y Jalapa realizaron gastos millonarios al construir obra física en terrenos de propiedad privada. Siendo los Codedes parte de un sistema, la responsabilidad que ese hecho irregular se extiende a otros niveles inferiores de dicho sistema. Según el caso, puede abarcar a funcionarios del Consejo Municipal de Desarrollo y del Consejo Comunitario, en cuya jurisdicción territorial se construya un edificio escolar  o un parque recreativo, por ejemplo.
La ley de consejos de desarrollo establece que la priorización de abajo hacia arriba, es decir, el proceso de formulación de proyectos comienza en el seno de la comunidad; luego se eleva por medio del Cocodes al Consejo Municipal de Desarrollo, donde hay una especie de “apretacanuto”, puesto que allí se presentan los proyectos priorizados por todos los Cocodes de un municipio. Un tercer paso es elevar el grupo de proyectos por municipio al Consejo Departamental; luego sufre otro proceso en el Consejo Regional y, finalmente, en teoría. se hace una priorización de proyectos a nivel de país en el Consejo Nacional de Desarrollo.
Para que un proyecto comunitario sea tramitado en el Comudes debe contar con la solicitud y el respaldo de la comunidad, por medio del Órgano de Coordinación del respectivo Cocodes. Si se trata de una obra, como la construcción de una escuela, los solicitantes deben contar con la documentación legal y fehaciente de que el inmueble ha sido donado a la municipalidad o es de su legítima propiedad. Caso contrario, se trataría de un hecho irregular, con consecuencias perjudiciales para el erario público.
Ha habido casos de alcaldes municipales que han retorcido procedimientos de buenas prácticas administrativas, organizando Cocodes a su medida, y para un tiempo corto, solo con el objetivo de conseguir las firmas en una solicitud ya preparada. En la práctica esos Cocodes no tienen ninguna representación comunitaria, ni aparecen en la ejecución del proyecto para realizar una de sus funciones, como es la auditoría social.
Sin embargo, la firma compromete a esas personas que se prestan al juego sucio de autoridades municipales, por tanto, se les debería deducir responsabilidades cuando ocurran casos como construir un puesto de salud en tierra ajena. Los casos identificados por la CGC ameritan una denuncia penal, para que se procese judicialmente a los responsables. La aplicación ciega de la justicia puede contribuir a modificar positivamente la conducta impropia de autoridades y funcionarios públicos.

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