Congreso discutirá leyes de transparencia
La semana que finaliza, el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, entregó al Presidente del Congreso de la República, una iniciativa de ley que busca reformar y crear nuevas, con las cuales se busca fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el gasto público.
Las leyes nuevas serían Ley de Enriquecimiento Ilícito, Ley de Fideicomisos Públicos y Ley del Sistema Nacional de Planificación.
Y las reformas se plantean para las siguientes siete leyes:
1) Del Organismo Ejecutivo
2) Del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
3) De la Contraloría General de Cuentas
4) De Probidad y Responsablidad de los Funcionarios y Empleados Públicos
5) De Servicio Civil
6) De Contrataciones del Estado
7) Del Instituto Nacional de Estadística.
La semana que finaliza, el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, entregó al Presidente del Congreso de la República, una iniciativa de ley que busca reformar y crear nuevas, con las cuales se busca fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el gasto público.
Las leyes nuevas serían Ley de Enriquecimiento Ilícito, Ley de Fideicomisos Públicos y Ley del Sistema Nacional de Planificación.
Y las reformas se plantean para las siguientes siete leyes:
1) Del Organismo Ejecutivo
2) Del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
3) De la Contraloría General de Cuentas
4) De Probidad y Responsablidad de los Funcionarios y Empleados Públicos
5) De Servicio Civil
6) De Contrataciones del Estado
7) Del Instituto Nacional de Estadística.
En cuanto a las leyes nuevas, la de enriquecimiento ilícito y la de fideicomisos están ligadas, pues los fideicomisos han sido señalados, con frecuencia, como fuentes de corrupción y secretividad, puesto que no rinden cuentas, ni sus operaciones han sido adecuadamente auditadas por órganos especializados, como la Contraloría General de Cuentas.
Entre las reformas a leyes vigentes, interesa a la opinión pública que la Contraloría sea fortalecida con recursos para ampliar sus capacidades de auditoría gubernamental, así como contar con herramientas legales para sancionar a quienes hacen uso indebido de los recursos públicos, independientemente de las acciones civiles y penales que correspondan. A este respecto, el Presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso de la República, Amílcar Pop, comenta que con reformas planteadas por el Ejecutivo, más bien se debilita a la institución fiscalizadora, aparte que los ingresos privativos que obtiene por las multas que impone irían a parar al fondo común. En este punto, es bueno puntualizar que ley debe regular el destino de esos fondos, y concretamente que no se puedan utilizar para incrementos salariales.
También se debe modificar en la Ley de la Contraloría General de Cuentas lo relacionado con la rebaja de multas en las sanciones económicas que aplica a los funcionarios públicos. Discrecionalmente el Contralor puede rebajar, en la actualidad, hasta el 90%, por lo tanto fomenta prácticas insanas en la administración pública, pues hay funcionarios que sabiendas que cometen una falta, prefieren pagar la multa, porque saben que se les rebajará en el monto ya indicado. O sea, se ríen de la norma y hacen fiesta.
La Ley del Servicio Civil es una norma vieja, que amerita actualizarse. Durante la admiistración anterior se discutió ampliamente y llegó hasta la segunda lectura en el proceso legislativo. Esta iniciativa contiene elementos sustantivos relacionados el concepto fundamental de la función y servidor público, concediendo importancia a la carrera administrativa, la meritocracia y la formación y actualización permanente de los empleados públicos.
ANALISIS CONCIENZUDO
Este combo de iniciativas y de reformas legales debe discutirse con amplitud, mesura, conocimiento e inteligencia. Aunque sus promotores las relacionan con el deseable éxito de la "Actualización Tributaria", podemos afirmar que NO es cierto. Éstas buscan que el gasto público sea transparente y de calidad, que los sujetos responsables de la administración de los recursos del pueblo sean sancionados y perseguidos penalmente, si actúan al margen de la ley.
Por los complejidad del "combo" enviado al Congreso, la iniciativa también debe ser conocida y dictaminada por varias comisiones legislativas, las cuales tendrían voces calificadas en cada tema, incluyendo a las instituciones como la Contraloría General de Cuentas.
La pretensión de que ese combo de leyes y reformas legales se apruebe de urgencia nacional no está en sintonía con la democracia, toda vez que ésta supone el parlamento, el diálogo, la discusión, el debate fundado y constructivo.
En este caso no juega la urgencia nacional, salvo para evitar que se profundice el debate y para negar la esencia de la democracia.