Dos palabras y el alboroto en el cotarro de
gobernadores
Después de seis meses en el cargo, el ambiente y las
dinámicas institucionales para las y los gobernadores designados no han sido un
“lecho de rosas” en la tarea como representante del primer magistrado de la
nación en los territorios distritales.
Los nombrados, con bastante retraso de tiempo para
asumir funciones, tendrían que enfrentar los cuerpos cancerígenos de la
corrupción, extendida y penetrada hasta el tuétano en la administración de los
organismos del Estado, incluyendo las gobernaciones y las alcaldías. O sea, se
trata de territorios minados, carcomidos por diversas redes de tráfico de
influencias, conflictos de interés, entre otros males, favorecidos por un
régimen de impunidad que alienta y alimenta el Ministerio Público y un grupo
jueces y de magistrados.
Estos funcionarios también han tenido que lidiar con las presiones de la población que quiere resultados tangibles. Hay gente que estuvo
callada mientras gobernaba directamente el pacto de corruptos, con Giammattei y
su séquito de serviles a la cabeza, ahora sacan los dientes para exigir, alentados,
además, por caciques y financistas que quieren seguir mamando de la “teta
estatal”.
En medio de esa doble presión, casi a finales de octubre surgen declaraciones periodísticas atribuidas a la secretaria privada del presidente, anunciando que habrá una evaluación del desempeño de las y los gobernadores y, como consecuencia, puede haber destituciones.
Esas dos palabras, evaluación y destitución, vinieron
a generar alboroto en el cotarro; además, coincidieron otras publicaciones
periodísticas con acusaciones -sin evidencias- de corrupción que involucrarían
a gobernadores, directores ejecutivos del Codedes, incluso, diputados
oficialistas. El asunto -de ser cierto o de comprobarse- sería muy polémico, porque
Arévalo entusiasmó en los electores para ganar la presidencia con la oferta de
combatir la corrupción.
Antes de este alboroto, la opinión pública señaló como
problema de los gobernadores la baja ejecución presupuestaria en los consejos
departamentales de desarrollo que ellos presiden. En mi opinión, ese problema
está asociado con la tardanza del presidente para nombrarlos. Además, la
ejecución del presupuesto también, especialmente de los alcaldes y de sus
directores de planificación.
Otro factor involucra a funcionarios del gobierno central, como Salud Pública o Ministerio de Ambiente, entre otros, que deben emitir documentos técnicos que avalen la viabilidad de los proyectos, que, finalmente aprueba la Secretaría General de Planificación -Segeplan-.
El mandatario debe considerar también otros dos
factores que jugaron en contra. Por un lado, el error de haber destituido a los
gobernadores anteriores, sin haber preparado el terreno para evitar la paralización
en los Codedes, por la falta de gobernador. Y por otro, acciones de legales en
contra de algunos de gobernadores nombrados, lo cual dejó en el limbo el pleno
funcionamiento de estas entidades.
La evaluación de desempeño es útil y necesaria en todas las instituciones públicas de los tres organismos del Estado. Pero éste no debe un proceso a “rajatablas”. La evaluación debe contar con instrumentos técnicos probados y estandarizados en la práctica del servicio público, bajo criterios objetivos, imparciales y con certeza jurídica.
La secretaria privada de
Arévalo en ningún punto de sus declaraciones cita criterios e indicadores para
medir el desempeño de los gobernadores. Sin esos instrumentos técnicos de
medición de desempeño, la destitución de gobernadores, será antojadiza,
casuística y discrecional. Y por ello caería en la politiquería de los dos mandatarios
anteriores, Giammattei y Morales, quienes cambiaron y destituyeron gobernadores
para “repartir el pastel” del clientelismo político. Imagen
tomada de ojoconmipisto.
Jocotenango, 4 de noviembre de 2024.