El golpe a la democracia está
en marcha
Ernesto Sitamul[1]
El mismo día de las elecciones generales del 25 de junio, todo parecía normal, a pesar de acciones judiciales en contra candidatos y partidos políticos, incluyendo decisiones cuestionables del Tribunal Supremo Electoral. Pero todo comenzó a cambiar, conforme se fueron conociendo los resultados, especialmente de la elección presidencial.
Ni las encuestas, ni los entendidos en el análisis político, ni los dueños del capital que tienen el control del país, imaginaban un escenario inesperado. Para el oficialismo y sus aliados, lo esperado para la segunda vuelta no resultó como querían. Se alteró el mapa electoral, con la sorpresiva “clasificación” del partido Movimiento Semilla. Los aliados y dueños del capital querían un formalismo electoral, con dos candidatos de los suyos en la segunda vuelta.
A partir de los resultados del
25 de junio, comenzó la segunda etapa de la judicialización de las elecciones, aunque
esta vez, enfocada en contra del partido Semilla y del Tribunal Supremo
Electoral.
Nunca en la historia democrática de Guatemala (1986 al presente) se había producido tal grado de descomposición en las instituciones encargadas de la persecución penal y de la administración de justicia. Mientras se ejecutaba una segunda audiencia de revisión de escrutinios, ordenada por la Corte de Constitucionalidad, el juez 7º de instancia penal ORDENÓ al Registro de Ciudadanos la SUSPENSIÓN de la personalidad jurídica de Semilla. Esa orden se convertía en golpe electoral, porque expulsaba de la segunda elección al binomio del partido Semilla.
Con esta acción judicial, el
pacto de corruptos “sacó las uñas” y demostró lo que es capaz de hacer, en
contra de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, con tal de
satisfacer intereses espurios y mezquinos.
Quedó claro que el “golpe a la
democracia está en marcha”, lo que ha generado justificadamente malestar y
repudio entre las organizaciones de sociedad civil, tanques de pensamiento,
pueblos indígenas y autoridades ancestrales, misiones de observación internacional
y nacional, así como de la iglesia católica y cámaras empresariales.
¿Por qué son acciones
ilegales e inconstitucionales?
1. El régimen electoral y de
partidos políticos está garantizado por la Constitución y por una ley de rango
constitucional, que establece que, en materia electoral la máxima autoridad
es el Tribunal Supremo Electoral, y que éste goza de autonomía e
independencia, y por lo tanto NO está supeditado a ningún otro organismo del
Estado.
2. La peregrina e irracional orden judicial de CANCELAR la personalidad jurídica de un partido político es ILEGAL e Inconstitucional, por dos razones: la primera es que la ley electoral establece que a partir de la convocatoria a elecciones NO se puede cancelar ningún partido político. Está clarísimo. Esta norma NO se presta a interpretaciones antojadizas o insanas, y la segunda razón, la cancelación de un partido solo es competencia del Registro de Ciudadanos.
La primera arremetida judicial
o golpe electoral, solo se pudo contener por un amparo provisional que resolvió
la Corte de Constitucional, en favor del TSE para se convocara a la segunda
elección presidencial, con los dos candidatos más votados, con lo cual también
le daba una revés a varios partidos políticos se prestaron al juego de los
mafiosos para cuestionar las resultados, y de paso “llevarse inmerecidamente” a
los miles de ciudadanos, hombres y mujeres, que integran las juntas receptoras
de votos, así como las juntas municipales y departamentales.
La CC también RESOLVIÓ que no
se podía suspender la personalidad jurídica del partido Semilla, aunque dejó en
libertad de seguir investigando un caso de supuesta falsificación de firma de
afiliados a dicho partido.
Sin embargo, el tribunal
constitucional NO resolvió el recurso de amparo interpuesto por el Director General
del Registro de Ciudadanos, para protegerse de nuevas acciones del juez 7º de instancia
penal, por no haber acatado su resolución. Si este caso lo debe resolver una
sala de apelación, llama la atención que eso no haya ocurrido todavía. Mientras
tanto, se han producido otras acciones del MP,
con la autorización del citado juez, entre ellas:
--ALLANAMIENTO VIOLENTO de la
Feci al departamento de organizaciones políticas del TSE, llegando fuertemente
ARMADOS, algunos con gorros pasamontañas y vehículos con placas tapadas, como
si se tratara de un operativo contra narcotraficantes o un grupo armado.
--Sin ninguna razón justificada,
la Feci también allanó las instalaciones del departamento de personal del TSE,
solo para llevarse el contrato de trabajo de la Directora en funciones del
Registro de Ciudadanos. Una acción civilizada y comedida habría sido pedir dicha
información.
--El juez 7º de lo penal llegó
al extremo de ordenar la CAPTURA de la directora en funciones.
El caso es grave, gravísimo.
De acuerdo con
la Constitución de la República, ningún funcionario público, civil o militar,
está obligado a acatar ÓRDENES ILEGALES.
En este caso, es ILEGAL que un
juez de jurisdicción ordinaria ORDENE al Registro de Ciudadanos, cancelar la
personalidad jurídica de un partido, en pleno proceso electoral, primero,
porque no es su competencia y porque el Registro de Ciudadanos es una
dependencia del TSE, el cual por su naturaleza NO está supeditado a ningún organismo
del Estado.
Cuando el juez acepta un nuevo
pedido de la Feci y ORDENA capturar a la Directora en funciones, también actúa
de manera ilegal y mal intencionada, porque el titular de esa dependencia goza
del Derecho de Antejuicio, consagrado en una ley de rango constitucional.
La resolución de la CC NO se
está siendo respetada por el MP y el juzgado 7º de lo penal, porque sus
actuaciones posteriores al 12 de julio así lo demuestran. La CC dio un paso
importante, cuando se convirtió en garante de la segunda vuelta electoral.
¿Qué viene
después?
No se sabe con precisión, pero ya está demostrado
de lo que son capaces los del pacto de corruptos. La ciudadanía informada debe
estar atenta y consciente de la gravedad política que estamos viviendo.
La mayoría de fiscales de
partidos políticos apoyan las acciones del TSE. Así lo demostraron en la más reciente
reunión con los magistrados. Éste debe promover un pacto entre todos los
partidos políticos a aceptar y RESPETAR el resultado que se dé en las urnas el
próximo 20 de agosto.
Los garantes de que todo sea
en orden y dentro del marco de las leyes, son los MILES de ciudadanos que
integran las juntas receptoras de votos y juntas municipales y departamentales.
El actual proceso electoral
concluirá con el decreto correspondiente de la autoridad electoral, después de
la toma de posesión del binomio presidencial. Mientras esto no sucede la Feci y
el juez 7º de lo penal están IMPEDIDOS de accionar en contra del estatus del
partido Semilla. Sin embargo, la ciudadanía y los actores institucionales y
democráticos deben estar atentos a cualquier maniobra ilegal. Ya han demostrado
de lo que son capaces.
El pacto de corruptos quiere
eliminar al partido Semilla. La primera resolución del juez 7º ordenaba CANCELAR
todas las 23 curules ganadas el 25 de junio.
La ciudadanía ha reaccionado
ante estos atropellos al Estado de Derecho y a la democracia. Exige que se
respeten la Constitución y las leyes. Exige que se respeten los derechos
cívicos y políticos de elegir y que se respete el resultado, o sea, la voluntad
de los electores.
La actual crisis política
también ha permitido poner en evidencia quiénes defienden el Estado de Derecho
y la democracia. Después de la intromisión judicial, los magistrados del Tribunal
Supremo Electoral se han puesto del lado de la ciudadanía, demandando que se
respete la voluntad del pueblo, expresada en las urnas. En ese cambio de
actitud, el TSE presentó un recurso de amparo preventivo ante la Corte de Constitucionalidad,
por eventualidades inducidas por actores interesados, que podrían entorpecer el
normal desarrollo de la segunda elección presidencial. La CC no dio trámite a
este recurso, y se concreto a reiterar lo resuelto el 13 de julio.
Ciudad de Guatemala, a los 23 días de julio de 2023.
[1]
Este texto expresa opinión
personal. Ernesto Sitamul ha trabajado en periodismo radial, televisivo e impreso.
Es socio fundador de Asociación IXIM, que promueve la educación cívica para la
participación ciudadana, como medio para contribuir al desarrollo local.