La participación ciudadana en el Codede
Ernesto Sitamul
La
Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002 del Congreso de
la República, establece que este sistema “es el medio principal de
participación de la población maya, xinka, garífuna y no indígena, en la
gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del
desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica,
pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca”.
Es una definición “chilera” dirían los patojos. Sin embargo, en algunos casos, esa definición carece de contenido real y práctico. Es decir, no hay suficiente y diversa participación de los sujetos sociales, como para renovar y enriquecer el trabajo del sistema de consejos de desarrollo (Siscode), específicamente en el tercer nivel de esa estructura, que corresponde al Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), que abordo en este artículo.
En
total, son diez los sectores no gubernamentales que tienen representación en
este consejo, al igual que en el resto de los departamentos. Uno de esos
sectores es el que se identifica como “Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo” (Ongd), que funcionan en el respectivo departamento. En éste y
otros sectores no gubernamentales hay escasa participación.
Y,
para muestra, un botón: En la asamblea de elección de 2018, hubo tres
representantes de Ongd para elegir un representante titular y un suplente. Dos
años después, hubo nueve representantes, y en 2022, solo asistieron dos
representantes, por lo que prácticamente se autoeligieron. El sistema y la ley
lo permite.
La
experiencia anterior revela una crisis de participación y de representación de
la sociedad en espacios y niveles donde se toman decisiones importantes para el
desarrollo social, económico y cultural de la población representada.
Esta crisis no es únicamente de las organizaciones, es de la sociedad
(ciudadanía individual y organizada), y es también del Estado.
En
el presente caso, es evidente que las organizaciones del sector Ongd no cuentan
con suficiente base social, sea porque no promueven la participación ciudadana,
o porque los usuarios de sus servicios y la ciudadanía en general no responde
al llamado de la dirigencia. También puede ocurrir que el círculo de directivos
sea cerrado, que no facilite la incorporación de nuevos miembros. Las
organizaciones que aparecen en este sector son muy diversas, al grado que
pensar en una agenda común compartida, no es tarea fácil.
Una clasificación general de estos grupos organizados permite identificar dos: uno, donde las organizaciones tienen financiamiento para sus proyectos, más o menos permanente, y otro donde se trata de un compromiso cívico o voluntariado. En el segundo grupo se puede incluir la Agrupación de la Sociedad Civil de Sacatepéquez (Asocis) y la Asociación para el Desarrollo Local IXIM, entre otras. Otra limitante a la participación ciudadana en este nivel es que las organizaciones deben contar con personalidad jurídica vigente.
El Estado tampoco hace bien su parte, promoviendo la participación
ciudadana. Más bien impone limitaciones legales, como las reformas a la ley de
Ong, en 2020, o bien con disposiciones sobre horario de las reuniones de los
consejos departamentales de desarrollo, y del resto del Siscode.
Existen
diversas opiniones de que el problema de origen radica en el sistema escolar, a
pesar que existen los temas de formación y participación ciudadana en el
Currículum Nacional Base. Pero los profesores se conforman con lo mínimo, sin
provocar en la conciencia infantil y juvenil, el conocimiento y la actitud
crítica frente a la realidad local. Del gobierno escolar, ni hablemos.
Tampoco
la familia habla de participación. Cada integrante, entretenido en sus juegos y
redes sociales, aislado de la realidad que le rodea, lo cual solo fomenta una
actitud acrítica.
Para
las instituciones del sector de organizaciones no gubernamentales de
desarrollo, su participación en el sistema de consejos de desarrollo es cuesta
arriba, especialmente por cuestión de recursos económicos y limitaciones de
tiempo, porque los Codedes se reúnen en día ,y horario hábil.
En
cambio, los funcionarios públicos del gobierno y los alcaldes no tienen ningún
problema. Todo está a su favor. Por eso, es cuestionable que haya alcaldes
faltistas, pero que abusivamente se escudan en la flamante "autonomía”
municipal, creyéndose intocables. En cambio, a los representantes de estos
sectores se les investigará por su no asistencia, según lo resuelto a mediados
de este año, por el Consejo Nacional de Desarrollo Rural.
También
el comportamiento de algunos funcionarios públicos puede generar desaliento en
la participación ciudadana, debido a acciones arbitrarias o discrecionales en
el ejercicio del cargo. Este señalamiento se hace visible en altas autoridades
del gobierno central, así como en alcaldes municipales. También se reforman
leyes al antojo de los gobernantes de turno. Por ejemplo, el presidente de la
República ha pedido a sus diputados que modifiquen la Ley de Consejos de
Desarrollo y la Ley Orgánica del Ejecutivo, para poder nombrar a sus amigos al
cargo de gobernador, sin tener que estar sujeto a una terna de candidatos que
actualmente le debe proponer el foro de representantes no gubernamentales ante
el Codede.
El nivel de participación ciudadana también está afectado por la
satanización y desprestigio de la política y de los partidos, y por cuestiones
económicas, ya que los ciudadanos, primero debe garantizar a satisfacción de
las necesidades básicas de su familia.
Una
funcionaria electa en Antigua Guatemala contaba en un foro público de
Asociación IXIM, que cuando le comunicó a su familia que iba a participar
elecciones municipales, los presentes hicieron gestos que implicaban
desaprobación a su decisión. Yendo al grano, un hermano le dijo: “pero si vos
no sos corrupta”. No se debe generalizar, porque al hacerlo la incertidumbre y
hasta el temor se apoderan de quienes sienten deseos de participar, con miras a
cambiar los patrones de la vieja política. Lo grave de esas percepciones
sociales es que trasciende a otras áreas de la participación, como el caso de
la representación no gubernamental en el Codede.
Por
otro lado, si un ciudadano no tiene garantizados sus ingresos, difícilmente se
va a involucrar en espacios de participación, aunque tenga conciencia de la
realidad y la voluntad de actuar.
Conclusiones
1)
La crisis participación es un asunto de corresponsabilidad de las instituciones
del Estado y de la sociedad. El estado es excluyente y la gente indiferente, lo
que solo favorece la situación actual, donde todo cambia para que nada cambie.
2)
Si el Estado promoviera la participación ciudadana, realizaría las sesiones de
los Codedes en días y horarios favorables para los representantes de la mayoría
de entidades no gubernamentales. Algunas de éstas funcionan como voluntariado.
3)
Como consecuencia de la conclusión anterior, es posible que se consiga
alternabilidad en la representación de estos sectores. Tanto en el sector de
organizaciones de desarrollo, como en otros representados ante el Codede, los
representantes se han “adueñado”, sin rendir cuentas, aunque tampoco se les
hace auditoría social. Imagen tomada
de Google.
Jocotenango,
21 de noviembre de 2022.