Plantas de
tratamiento de aguas negras, siguen esperando
Ernesto Sitamul
La falta de cumplimiento de la ley no es una buena noticia cuando se trata de cimentar una cultura de legalidad en los distintos órdenes de la vida humana. La promoción de esa cultura debe comenzar en el hogar, continuar en la escuela, la universidad y practicarse en el trabajo y la vida cotidiana. Una cultura de legalidad contribuye a fortalecer un Estado de Derecho fuerte, donde el incumplimiento sea la excepción y no la norma, y donde exista la certeza de castigo, conforme la ley.
La cultura de legalidad debe
guiar las relaciones entre gobernantes y gobernados. Los primeros deben actuar
al tenor de les manda la ley y los segundos pueden hacer todo lo que la ley no
les prohíbe. Si esa dualidad de actitudes y valores se hicieran realidad,
seguramente habría mayor gobernanza, confianza, diálogo, entendimiento y
propuestas, todo lo cual permitiría la posibilidad de alcanzar una visión de
país, sobre la base de que el Estado se organiza para garantizar el bien común.
Y para construir esa cultura
de legalidad, quienes gobiernan tienen el deber de dar ejemplo de cumplimiento
de lo que les manda la Constitución y las leyes. Si lo hacen así, alcanzan un
nivel de aceptación, ganando la confianza de la ciudadanía, con lo cual también
se legitiman como representantes del pueblo.
Sin embargo, la práctica
política nos demuestra lo contrario. Algunos ejemplos: la Constitución de 1986
manda que los diputados elaboren en los primeros dos años después de su
vigencia una Ley de Aguas y una Ley de Pueblos Indígenas. El Congreso todavía
está pendiente de aprobar dichas leyes. El pago del impuesto sobre circulación
de vehículos en el tiempo estipulado nunca se cumple. Siempre hay prórroga. Los
plazos judiciales casi nunca se cumplen, perjudicando a los acusados y
generando desconfianza ciudadana en el sistema justicia.
Ahora bien, el caso que motiva
este artículo es el incumplimiento del Acuerdo Gubernativo 236-2006, que contiene
el Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la
disposición de lodos, y que “obliga” a todas las comunas a implementar
plantas de tratamiento. Esa disposición gubernativa fue emitida hace 16 largos
años. En este asunto los que se llevan la rechifla son los alcaldes
municipales, aunque también figura el gobierno central. Los primeros por
incumplimiento de deberes y el gobierno por ser permisivo y complaciente, al
haber autorizado reiteradas prórrogas.
Y ese es el riesgo que
persiste cuando está por vencer el plazo de esa prórroga que autorizó el
gobierno anterior. El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), Mario
Rojas, declaró a Prensa Libre (19-09-2002) que esta vez NO HABRÁ PRÓRROGA,
aunque está por verse, porque la última palabra la tiene el mandatario.
Para nadie es un secreto que
Giammattei ha venido congraciándose con los alcaldes, con fines electorales.
Por ejemplo, les asignó recursos extraordinarios por 600 millones de quetzales
este año, por medio del sistema de consejos de desarrollo. El mandatario
también quiere favorecerles elevando la cantidad de dinero que los alcaldes
pueden gastar en compras directas y dejando a su discreción a quién la compra,
es decir, obviando cotizaciones y licitaciones. También promovió reformas en el
Congreso para que los alcaldes puedan gastar el próximo año (año electoral),
los recursos no ejecutados en el actual ejercicio fiscal.
Mi opinión es que el
mandatario accederá a una nueva prórroga del flamante Acuerdo Gubernativo
236-2006, pues no puede distanciarse de quienes le han ofrecido apoyo
electoral, unos desde la Asociación Nacional de Municipalidades y otros desde
el feudo de las alcaldías. Es un secreto a voces, que Miguel Martínez,
consentido de Giammattei, tiene la visión de romper el mito de que el partido
de gobierno no gana una elección presidencial. Y para ello, estaría cooptando
200 alcaldes, que buscarán la reelección, de la mano del oficialismo, o con un
partido satélite.
Cada año que pasa, la
contaminación ambiental por aguas negras o residuales se hace más grande, por
el aumento de la población y la autorización de licencias municipales para
cambio de uso del suelo, sin que las comunas cuenten con plan de ordenamiento
territorial. Esto crea un vacío de gobernanza, de lo cual son responsables los
alcaldes municipales, y el gobierno también por ser cómplice y permisivo.
Si el gobierno se guiara por
la Constitución en cuanto a garantizar el bien común, ya habría condicionado a
los alcaldes para que los recursos de consejos de desarrollo sean utilizados
para la construcción de plantas de tratamiento en cada municipio. Queda claro
que a los alcaldes y gobierno les pela garantizar un medio ambiente sano y habitable. Imagen tomada de Google.
Jocotenango, 2 de octubre de
2022.