Crucial elección de magistrados de la CC

En juego la independencia de la justicia

Webinario de Asociación IXIM, jueves 25 de febrero, a las 17 horas, por Facebook LIVE

Rogelio Flores-Paredes, de Asociación IXIM, dialogará con licenciada Lourdes Pérez, consultora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. 

Nunca antes, durante los 35 años de existencia de la Corte de Constitucionalidad, la elección de sus magistrados es tan crucial como ahora. Especialmente desde el gobierno de partido patriota, se ha venido dando una injerencia peligrosa de actores ajenos al sistema judicial, que tiende a reducir al mínimo la independencia, como esencia de la administración de justicia. Las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y un estudio de la Fundación Mirna Mack, han evidenciado el grado de penetración de intereses oscuros y criminales en las altas cortes.

 Esta injerencia se traduce en cooptación del Estado, es decir, poderes ajenos a la    institucionalidad se hacen del control para elegir magistrados y condicionarlos para que se     pongan al servicio de sus mezquinos intereses, consolidando con ello un régimen de   IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN.

En la actualidad la institucionalidad jurídica y democrática está severamente debilitada, particularmente por la actitud de DESOBEDIENCIA que manifiesta el grupo de diputados oficialistas y sus aliados en contra de una resolución de la Corte de Constitucionalidad que les ordena elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Estos magistrados tenían que haber tomado posesión el 13 de octubre de 2019. La desobediencia de un organismo de Estado a resoluciones judiciales le hace un daño de magnitud inimaginable al Estado de Derecho y a la democracia.

Durante el pasado desgobierno de Jimmy Morales, fue la Corte de Constitucionalidad la que mantuvo el orden, a fuerza, y a pesar del desprestigio y campañas negras a las que han sido sometidos sus integrantes. Los grupos mafiosos que tratan de apoderarse totalmente del sistema judicial también han pretendido despojar del antejuicio a los magistrados constitucionales. Esas acciones han contado con el beneplácito y la complicidad del grupo de diputados que tiene contralado el Congreso.

A lo anterior se suma la actitud vigilante (contemplativa) de la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta y el alineamiento cómplice de algunos jueces y magistrados, tanto en la Corte de Apelaciones como la Suprema, que, con su acción y omisión favorecen la cooptación de la justicia.

A excepción del Procurador de los Derechos Humanos y de la Corte de Constitucionalidad (aunque últimamente diezmada ésta por la muerte un magistrado y la renuncia de otro por enfermedad), así como algunos jueces de mayor riesgo y contados tribunales, el resto (la mayoría) se ha mostrado contrario al interés supremo de la nación: el bien común, por medio de la administración imparcial e independiente de la justicia.

Varios analistas han expresado que sin independencia judicial no habrá justicia para la mayoría de la población. La independencia judicial es un factor clave para fortalecer el Estado de Derecho.

La ciudadanía no debe permaneceré callada, vigilante; menos, ser indiferente a los riesgos y amenazas contra el sistema de justicia.

Debemos exigir a los entes electores: el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Colegio de Abogados y el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, que hagan una elección transparente y que sean escogidos las y los abogados, sin tachas, que sean IDÓNEOS, CAPACES, HONRADOS.

Guatemala, febrero de 2021. Imagen tomada de google

 

 

 

 

 

 

 

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