¿Amenaza al derecho humano de acceso a la información pública?
Ernesto Sitamul
La semana pasada se conoció por los medios de comunicación social, que la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República ha emitido dictamen favorable a una iniciativa para reformar la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008, promulgada por ese organismo hace 12 años. La iniciativa ha encendido las alarmas de organizaciones de la sociedad civil, por supuestos intereses oscuros de sus ponentes y dictaminadores.
El
vespertino La Hora[1]
publicó el pasado 14 de noviembre, un artículo firmado por la periodista Hedy
Quino Tzoc, en el que se incluyen opiniones de dos expertos en el tema de
acceso a la información pública, Silvio Gramajo y Cux, Presidente de la
organización no gubernamental Acción Ciudadana, cuya entidad tiene una vasta
experiencia en formación y capacitación sobre la materia. Ambos se oponen a la iniciativa, siendo una
de sus principales preocupaciones que la iniciativa pretende apartar al
Procurador de los Derechos Humanos, como institución reguladora de este derecho
humano.
En
la actual coyuntura política, caracterizada por una profunda crisis de institucional,
en vista del incumplimiento de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad
por parte de la directiva del Congreso y sus allegados, la iniciativa citada
solo genera sospechas. A ese grupo de diputados les resulta incómodo el trabajo
del Procurador de los Derechos Humanos, al que han tratado de destituir, desde
la pasada legislatura. Queda claro cuáles son las verdaderas intenciones
de ese grupo de diputados: sacudirse al PDH de vigilar el cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública y crear una institución a la medida de
sus mezquinos intereses. En el dictamen de marras, los integrantes de esta
comisión, encabezados por el diputado de Chimaltenango, José Alejandro de León
Maldonado, llegan al colmo de incluir un artículo donde se establece que el
director y subdirector de la nueva institución serán electos por el Congreso de
la República.
En este punto hay dos pecados.
Por un lado, los candidatos a esos cargos serán seleccionados por la Comisión de
Probidad y Transparencia, y por el otro, tienen el descaro de fijar que dichas
autoridades podrán ser electas con 82 votos, cuando lo deseable
es que sea una mayoría calificada de 107 votos. De los 12 diputados que
integran esta comisión, el único que no firmó el diputado del partido Semilla,
José Alberto Sánchez Guzmán.
Silvio
Gramajo cuestiona la iniciativa, afirmando que esta iniciativa “es contradictoria, pues uno de sus
objetivos dice que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) juega un papel
doble porque es la autoridad reguladora y es sujeto obligado; sin embargo, las
entidades que manejan fondos del Estado deben rendir cuentas, por ende, es sujeto
obligado a la ley”. Concuerdo con
Gramajo que debe haber una amplia discusión pública sobre el modelo de
autoridad reguladora, generado por la Organización de Estados Americanos, el
cual, efectivamente plantea la creación de un órgano independiente.
Por su lado, el presidente de Acción Ciudadana teme que esta posible reforma legal, podría “disminuir la fiscalización que hace la ciudadanía, la cual ha aumentado debido a los altos índices de corrupción”.
En
mi opinión, por ahora, la entidad reguladora del derecho de acceso a la información
pública debe seguir siendo la Procuraduría de los Derechos Humanos. Estoy de
acuerdo con que la Ley se puede mejorar, pero quienes dominan actualmente el Congreso
están deslegitimados, y resulta sospechoso que se quiera quitar la función
reguladora al PDH, cuya actuación ha estado plenamente identificada con la
ciudadanía, así como el combate a la corrupción e impunidad.
Guatemala, 15 de noviembre de 2020.
[1] Encontrado en
https://lahora.gt/gramajo-iniciativa-para-apartar-a-pdh-de-acceso-a-informacion-carece-de-sustento-tecnico/