Crónicas
de encierro
Came, participación
ciudadana y reforma electoral
Ernesto Sitamul
Desde
mi encierro tuve ocasión de ver, escuchar e interactuar con los panelistas del
conversatorio virtual de la Fundación Esquipulas, realizado el pasado 29 de
abril, sobre las lecciones aprendidas en las sesiones de trabajo organizadas
por la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), como lo
establece el Art. 256 Bis, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).
La
introducción al conversatorio estuvo a cargo de Jorge Raúl Cruz, Director Ejecutivo de la Fundación Esquipulas; los
panelistas fueron Celia Luna Aguilera,
del Departamento Sociopolítico de la Asociación de Investigación y Estudios
Sociales (Asíes) y Eddie Fernández,
Secretario Técnico de la Came y Director del Instituto Electoral del TSE, y
como moderador actuó Carlos Rafael
Cerezo Blandón, de la citada Fundación.
El
proceso de la Came es algo inédito. Es fruto de la reforma a la Lepp en 2016,
que en el citado Art. 256 Bis, dispone que al concluir el proceso electoral se
establecerá dicha comisión, “cuyo objetivo es evaluar el proceso electoral
finalizado”, pudiendo derivar ese trabajo en una posible iniciativa de
reformas, si así lo considera el Tribunal Supremo Electoral. Con base en esta
normativa, se procedió a invitar a diversas organizaciones de la sociedad
civil, académicas y políticas.
Sin
duda, para la Came fue satisfactorio haber contado con la participación de 78
organizaciones, las cuales presentaron 1,041 propuestas en variados temas de la
Lepp, teniendo en cuenta la experiencia de 2019, según apuntó Fernández, cuando
se aplicaron las reformas de 2016.
Algunas
de tales reformas generaron polémica en la opinión pública e, incluso, otras
fueron motivo de acciones de inconstitucionalidad, como el caso de la
publicidad electoral y el rol contralor del TSE en la distribución de la pauta
y las respectivas tarifas.
De
acuerdo con Fernández, la Came sistematizó todas las propuestas presentadas por
las organizaciones participantes, por medio de una matriz que incluye los
argumentos que le dan sustento jurídico y político a cada propuesta.
Con estos insumos, corresponde a los magistrados del TSE, sí lo consideran
procedente, preparar una iniciativa de ley para enviarla al Congreso de la
República. Según el último párrafo del Art. 256 Bis, esa iniciativa debe ser
conocida por los diputados antes que finalice el primer período de sesiones de
la nueva legislatura (mayo de 2020, en este caso). Para Luna Aguilera, el TSE tiene que
definir, entre la diversidad de insumos generados por la Came, lo que considere
técnica y políticamente viable, para incluir en una iniciativa de reformas.
Por cierto, la magistratura del TSE, que tomó posesión de sus cargos, el pasado
20 de marzo, ya tomó la decisión de formular dicha.
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Otro
elemento relevante de la reforma electoral de 2016 es lo contenido en el Art.
15 Bis, el cual establece que el TSE “instaurará un mecanismo de participación
ciudadana, que promoverá la participación de la ciudadanía empadronada, con el
objetivo de incidir en la definición y desarrollo de las políticas públicas del
Estado guatemalteco”.
Opino
que mientras más ciudadanos-as ejerzan sus derechos cívicos y políticos
(involucrándose, además, en las organizaciones partidistas y comités cívicos
electorales), la democracia se fortalecerá. Es necesario que haya proyectos y programas
de formación y capacitación, no solo a la ciudadanía empadronada; también a
quienes no son afiliados a los partidos.
Y, en esto, concuerdo totalmente con Eddie Fernández, quien afirmó en el
conversatorio virtual de la Fundación Esquipulas, que la formación cívico política debe
extenderse al sector escolar, desde los niños y niñas de preprimaria.
Agregó que no se puede esperar que mejore la participación ciudadana, solo por
obra de reformas legales. Por su lado, Celia Luna Aguilera puntualizó que los
ciudadanos son actores políticos relevantes en toda democracia, y que esa
participación no se reduce a emitir el voto en las urnas; también conlleva ser
afiliado a un partido, ser dirigente, candidato a cargo de elección popular,
incluso, financista.
UN NUEVO ESTILO DE HACER POLÍTICA
De
cara al futuro inmediato existe una gran posibilidad de dar un salto
cualitativo en materia de formación política. En este asunto, los partidos
tienen una deuda histórica impagable con sus afiliados. La excepción a esta regla, son la Democracia
Cristiana Guatemalteca (DCG) y el Partido Socialista Democrático (PSD), ambos
ya desaparecidos, quienes efectivamente contaban con programas de formación, o
escuela de cuadros. Pero durante los últimos 30 años, los partidos
que cuentan formalmente con Secretaria de Formación, solo es para “taparle el
ojo al macho”, porque en la práctica actúan como vehículos electoreros.
La
posibilidad de ese salto cualitativo es real. La Lepp establece la
obligatoriedad de los partidos políticos a invertir un porcentaje del llamado
“bono político[1]”
en actividades de formación política. En este contexto, Fernández expresó que del 100% de esos
recursos, los partidos que alcanzaron ese derecho en las pasadas elecciones
dispondrán en conjunto de Q24 millones para fines de capacitación de sus
afiliados, y el TSE tiene la autoridad y competencia para fiscalizar
la forma de gastar esos recursos.
MIS CONCLUSIONES
1)
Está claro que tras la experiencia de las elecciones pasadas, aplicando las
reformas electorales de 2016, el TSE debe presentar una iniciativa de ley al
Congreso de la República, antes que finalice el mes de mayo, pensando en
mejorar el sistema político y electoral.
2)
Comparto con Celia Luna Aguilera, que las organizaciones que participaron en el
proceso de la Came deben ser tomadas en cuenta por el TSE, porque ello respaldaría
y legitimaría la propuesta.
3)
La participación política debe transitar del modelo de viejas prácticas (pactos
corruptos, arreglos bajo la mesa, jugarle la vuelta a la ley, opacidad y
secretismo) hacia un modelo más democrático, incluyente, igualitario, transparente,
y que rinda cuentas a la sociedad.
4)
Dentro del TSE, el Instituto Electoral debe fortalecerse para cumplir los
grandes retos de capacitación y formación política, no solo de la ciudadanía
empadronada.
5)
Hago mía una afirmación del panel: “queremos un país de ciudadanos, no solo un país de
habitantes”.
Antigua
Guatemala, 30 de abril de 2020.
[1] El
aporte estatal equivalente a dos dólares de los Estados Unidos de América por
cada voto válido obtenido en las elecciones generales.