Obstáculos a la participación política


No se meta en la política, es peligrosa
Ernesto Sitamul

En los años 80 del siglo pasado escuchaba expresiones adultas en contra de la política partidista. Una de las razones de esa afirmación era el riesgo, porque cobraba fuerza en ese entonces el conflicto armado. Otra razón podía ser las prácticas partidistas alejadas de la realidad, porque se basaban en mentiras o en ofrecimientos vacíos de contenido, difíciles de cumplir desde el gobierno.

Aquel pensamiento de “no meterse en política” (entiéndase las actividades y prácticas de los partidos políticos para alcanzar el poder), ha calado mucho en el corazón y la mente de los jóvenes, quienes han cedido a la indiferencia, dejando grandes vacíos de participación real en la toma de decisiones. Este fenómeno solo ha favorecido el statu quo, donde los grandes beneficiarios han sido los pocos ciudadanos que se involucran en las organizaciones partidarias, manejando los asuntos de interés público a sus anchas para fortalecer un sistema perverso de privilegios, hasta llegar a la crisis actual en que esos pocos que se meten a los partidos políticos han llegado al descaro de considerar la corrupción y la impunidad en Guatemala, como algo completamente “normal”. 
Ha habido, pues, un cuestionamiento generalizado a la institucionalidad de la política, cuyos sujetos principales son los ciudadanos y las organizaciones políticas, llevando a la sociedad guatemalteca a una especie de despolitización. Incluso, he escuchado en no pocos casos -y hasta en la universidad- la expresión “yo no soy político”, negando su propia esencia humana, cuando lo que realmente quieren decir es que no pertenecen a un partido político. Aún en este caso, es lamentable la posición de quien lo expresa, porque su posición conlleva una forma de renunciar al ejercicio de sus derechos políticos.
Al descrédito general de la clase política, se suman dos factores que limitan a los ciudadanos, su posible incursión en la vida político partidista. Los ejemplos más relevantes los encontramos en los estatutos de algunas organizaciones de la sociedad civil y en los consejos comunitarios de desarrollo. Analicemos:
En los estatutos de algunas organizaciones encontramos que sus dirigentes y afiliados no pueden pertenecer a un partido, o ser candidato a un cargo de elección popular; caso contrario, deben renunciar. Los estatutos, en el caso de las OSC, deben ser aprobados con su personalidad jurídica, por el Registro de Personas Jurídicas, del Ministerio de Gobernación. Los estatutos son elaborados por las personas interesadas en formar la organización. O sea, se trata de una autoregulación.
El otro caso que limita la politización de la ciudadanía figura en la aplicación de normas no escritas en el funcionamiento de los consejos comunitarios de desarrollo, conocidos como Cocodes. El Decreto 11-2002 y su Reglamento no prohíben que lo directivos del Órgano de Coordinación (directiva), puedan involucrarse en organizaciones políticas y postularse a un cargo de elección popular. Sin embargo, en la práctica los directivos deciden que participar en política partidaria el interesado deba renunciar a su cargo. En lenguaje coloquial, quienes así actúan en los Cocodes indican que de esta manera se evita críticas de la comunidad de que se aproveche la organización comunitaria para sus intereses particulares.
Un tercer caso que juega en contra de la politización de los ciudadanos es que los Juntas Electorales Municipales y Departamentales, no pueden incluir entre sus miembros a quien sea directivo de partido político. En la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) no se menciona esta limitación para el caso de los miles de ciudadanos que participan en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), pero tengo conocimiento sí se aplica esta limitación. Otro tanto ocurre con los integrantes de las misiones nacionales de observación electoral.
Conclusiones
(1). Se ha instalado en la mente colectiva de los guatemaltecos una forma de satanizar lo político partidista, con la aberrante mentira de que “la política es sinónimo de corrupción”, como lo expresa el sociólogo Manuel Villacorta, en su columna de opinión publicada en Prensa Libre[1].
(2). La autoregulación reglamentaria interna de algunas OSC y/o las reglas no escritas que limitan la acción política de los ciudadanos, se confabula con los privilegios monopólicos que tienen los partidos políticos, incluso, postulando candidatos en distritos donde tienen organización legal. (3). La Ley Electoral y de Partidos Políticos también contribuye a limitar la dinámica política de los ciudadanos, cuando prohíbe que los miembros de Juntas Electorales Departamentales y Municipales, puedan ostentar cargo directivo en un partido; prohibición que se hace extensiva a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, aunque en este caso sea de manera arbitraria y discrecional.
San Carlos Sija, 8 de mayo de 2018.


[1] Cinco mentiras que debemos rechazar, publicado en Prensa Libre, el 7 de mayo de 2018.


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