17 iniciativas de Ley de Aguas; ninguna alcanza suficiente acuerdo

Iniciativas de Ley de aguas
¿Es posible aprobar por consenso la Ley de Aguas?
Ernesto Sitamul
El Gobierno central no cuenta con una política pública del sector hídrico. Tampoco existe una Ley de Aguas, que corresponde aprobar al Congreso de la República, conforme lo establece la Constitución. Si no ha sido posible promover la gobernabilidad de ese sector a nivel nacional, talvez sea viable hacerlo desde el ámbito municipal o, incluso comunitario. Por ese doble motivo me llamó la atención leer en el sitio web: guatevisión.com (07-12-2017), que el Decanato Centro de Huehuetenango solicita a las municipalidades de Malacatancito, Chiantla y Aguacatán, la formulación de una política pública del agua. 


Los peticionarios afirman que el agua es una de las principales necesidades de la población, pero que tiende a ser escasa, por el mal uso que se le da, debido a la falta de “un reglamento o política para su manejo sostenible”. De manera puntual, piden controlar el uso del agua que se extrae de pozos, mejorar el servicio municipal de agua, combatir la corrupción y garantizar un presupuesto para atender casos de emergencia.
Este caso es solo una partícula del problema nacional que significa la falta de gobernabilidad del recurso hídrico, donde se pone en evidencia la falta de responsabilidad de los diputados al Congreso de la República, quienes después de 31 años de vigencia de la Constitución, no han cumplido el mandato del Artículo 127, que establece la aprobación de una Ley de Aguas.
A la fecha se han conocido 17 proyectos de ley, pero ninguno ha cuajado, según escuché en el foro regional, organizado por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y el Tribunal Latinoamericano del Agua[1], donde se mencionó que en la actualidad existe la iniciativa 5161, que tiene dictamen favorable para ser discutida en el pleno, pero que ya tiene serios opositores, porque supuestamente no se tomó en cuenta la opinión de algunas organizaciones indígenas.
A mi entender, la legislación del sector hídrico debe enfocarse en dos dimensiones: 1) el agua de superficie, entendiendo por ésta, la que se encuentra en ríos, lagos, riachuelos, nacimientos y cascadas, y 2) el agua subterránea, que se aprovecha por medio de pozos. En ambos casos, la falta de una ley está agudizando el problema. Las aguas también están sometidas a otro grave problema: la contaminación, provocada por el hombre, con causas y consecuencias polivalentes, que hacen aún más complejo el tema.
Para el uso racional del agua debe haber una ley nacional -no obstante que existe la autonomía municipal- que establezca las regulaciones a las que se deben someter los usuarios, sean individuales, empresariales o comunales. Debe haber una entidad rectora, que atienda la administración del recurso, con un régimen sancionatorio, basado en una clara definición de faltas y delitos penales.
En la actualidad, el Ministerio de Salud Pública tiene la rectoría del sector, pero son las municipalidades quienes prestan el servicio. Las sanciones penales son irrisorias, con altos costos dinerarios para el Estado y con todas las ventajas a favor de los transgresores de la ley, como lo mencionó un delegado del Ministerio Público, en el mencionado foro regional.
Conclusiones
1.- La falta de confianza entre actores políticos y sociales constituye una dificultad determinante para avanzar en un proyecto integral que regule el sector hídrico. Como consecuencia, los dirigentes comunitarios y empresariales miran de “reojo” la iniciativa 5161, lo que posterga y hace casi imposible un consenso alrededor del tema.
2.- Es plausible la actitud de los dirigentes del Decanato del Centro de Huehuetenango, no solo por su petición a tres alcaldes para crear políticas públicas de agua y su respectivo reglamento municipal, sino por la importante contribución de una investigación realizada en el tema, la que fue entregada también al Gobernador, considerando la posibilidad de discutir y aprobar una política departamental, por medio del Consejo de Desarrollo.
3.- 
Rescatar la confianza, para alcanzar grandes acuerdos territoriales en torno de la Ley de Aguas es una tarea de los diputados. Podría ser decisivo integrar en el proceso de diálogo a representantes académicos reconocidos, así como de pueblos indígenas y de organizaciones indígenas que tienen fuerte incidencia política.
San Juan Chamil, San Juan Chamelco, 10 de diciembre de 2017.




[1] Gobernabilidad y legislación respeto a una democratización de la gestión hídrica, foro celebrado 15 y 16 de noviembre de 2017, en el hotel Royal Palace, ciudad Guatemala.

Notas de interés