Otra amenaza contra la democracia y los ciudadanos honrados
Para
optar a un trabajo en cualquier empresa te piden antecedentes penales y
policíacos actualizados; también te piden cartas de recomendación y de
referencias laborales, como parte de los requisitos para una posible
contratación; y en el caso de los que pretenden ser candidatos a cargos de
elección popular, lo que les exige el Tribunal Supremo Electoral (TSE), es el
finiquito, entre otros documentos, el cual es extendido por la Contraloría
General de Cuentas (CGC).
Por:
Ernesto Sitamul
Sin
embargo, la última semana de octubre, surgió de manera sorpresiva una propuesta del diputado Fernando Linares, en la Comisión de
Asuntos Electorales del Congreso, que pretende eliminar el finiquito, bajo el
pobre argumento de que la CGC se tarda mucho tiempo para extender dicho
documento, el cual tiene su base jurídica en la Ley de Probidad y de
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos (Artículo 16), que, a su
vez, tienen concordancia con el Artículo 113 de la Constitución, donde se
señala que ninguna persona podrá optar a cargo o empleo público que no demuestre
de manera fehaciente los méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
Y
en el inciso “c” del mismo Artículo establece que:
“Quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del
Estado, no tengan su constancia de solvencia o finiquito de la institución donde
prestó sus servicios y de la Contraloría General de Cuentas”.
La
justificación de exigir el finiquito es que a los
cargos o empleos públicos lleguen los ciudadanos con la capacidad, idoneidad y
honradez que reclama y demanda el desempeño de la función pública, sea
ésta en la ámbito nacional, departamental o municipal, precisamente porque
eventualmente estará bajo su responsabilidad la administración de los bienes
del Estado.
Algunos
abogados financiados por políticos con intereses creados, sostienen que cuando
un ciudadano se inscribe como candidato, “todavía no está optando al cargo
público”, sino hasta en la eventual circunstancia de obtener un resultado
electoral favorable. Hacerlo, como lo quieren esos
abogados, es retorcer la ley, fomentar la mediocridad en la administración
pública y poner por encima de los intereses colectivos, el interés particular
de quienes, teniendo impedimentos, no puedan optar a ser candidatos a
cargos públicos.
La
propuesta de marras constituye una seria amenaza a las demandas ciudadanas de
mejorar la calidad de las candidaturas y que éstas se encuentren solventes de
cargos por parte de la Contraloría General de Cuentas. El finiquito es una
forma democrática de depurar las candidaturas, desde el TSE, porque desde el
ámbito político partidista está demostrado que la mayoría de los diputados, en
la actual coyuntura se han tapado con la misma chamarra.
En
mi opinión, los funcionarios o empleados públicos que hayan sido sentenciados
de forma condenatoria, no son idóneos ni aptos para volver a ejercer un cargo
público. Fue así como resolvió el TSE no inscribir al
expresidente Alfonso Portillo, como candidato a diputado, por el partido Todos,
en las elecciones de 2015.
Esta
norma también es extensiva a quienes habiendo desempeñado cargos públicos,
hayan sido sancionados por el uso indebido de los recursos del Estado, o que
tengan pendiente de solventar sanciones económicas derivadas del ejercicio de
su cargo.
La
opinión pública y la ciudadanía organizada deben cerrar filas con el TSE, para
evitar que se cometa este alevoso ataque a la democracia y al Estado de Derecho,
lo que solo favorece la corrupción y la impunidad.
El
Chapotón, Sumpango, 29 de octubre de 2017.