“Después
de la tempestad viene la calma”, reza el refrán popular, pero en el caso de la
crisis política provocada por el Presidente y 107 diputados al Congreso de la
República, no viene la calma, y la crisis tiende a agudizarse, porque la
ciudadanía está indignada con el proceder de ambos actores públicos y porque no
encuentra respuesta satisfactoria a sus demandas.
Por: Ernesto Sitamul
Tres
eventos causaron la indignación de los ciudadanos; primero, que el mandatario[1]
haya declarado persona non grata y ordenara la expulsión del país del Jefe de
la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez;
segundo, que 104 diputados votaran en contra de despojar de inmunidad al
mandatario, a solicitud del MP y la CICIG, por indicios de haber cometido el
delito de financiamiento electoral ilícito, y tercero, que
107 diputados aprobaran una especie de “pacto de impunidad” al eximir a los
secretarios generales de los partidos del delito por financiamiento electoral
ilícito[2].
Con
base en un artículo de Prensa Libre (22-09-2017), sobre la posición de algunos
actores en torno de la propuesta de diálogo para salir de la crisis, las organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales
van por la depuración de los diputados y luego el diálogo. Entre éstas
figuran el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Justicia Ya, Comité
de Unidad Campesina y Demos. Mientras que los empresarios organizados en el
CACIF solo se pronuncian a favor de diálogo, más no de la depuración; lo mismo
plantea la Asociación de Municipalidades, aunque ésta va más lejos al proponer
temas como la reforma electoral y la Ley de Servicio Civil, entre otras.
El
Tribunal Supremo Electoral, por ser parte de la institucionalidad pública, se
inclina por el diálogo, puntualizando que la Comisión de Asuntos Electorales
del Congreso debe dejar de seguir conociendo la propuesta actual, para dar paso
a incluir las demandas ciudadanas.
En
las protestas de la plaza, la posición ha sido casi unívoca: renuncia de 107 diputados
y del Presidente, y con esa consigna seguirán las protestas. Por segunda vez, el
mandatario se ha librado del antejuicio, pues el 21 de septiembre, 70 diputados
votaron a favor de quitarle la inmunidad, pero la ley exige 105.
Posición inflexible
En
las redes sociales y en las manifestaciones públicas, la posición de las
organizaciones sociales suena inflexible; por lo tanto, las posibilidades de
diálogo con el gobierno y el Congreso se diluyen. La exigencia de que los
diputados renuncien me parece poco probable y no resuelve de fondo el contenido
de la demanda, porque sería más de lo mismo.
La exigencia de renuncia es que no se puede dialogar con los corruptos,
pero si es así, los sustitutos también tienen el mismo pecado original.
Mis conclusiones:
*La
ciudadanía tiene razón y legitimidad para exigir la depuración de los
funcionarios públicos, por tantos actos de corrupción llevados a la justicia,
lo que demuestra que éstos han abusado impunemente del poder en su beneficio y de
sus financistas.
*Las
reformas a la Ley Electoral y la Ley de Servicio Civil son vitales para cambiar
el sistema; deben hacerse con el acompañamiento y vigilancia de la sociedad
civil; de lo contrario llegaremos a las próximas elecciones en muy parecidas
condiciones a las de 2015.
*En
2018 habrá una nueva tarea para la ciudadanía consciente: el monitoreo del
proceso de selección de candidatos para Fiscal General y su nombramiento, que
corresponde al Presidente de la República, quien quiere modificar el contenido
del Acuerdo de la CICIG. Esa tarea acarrea desgaste y mina las energías por
tener que abarcar muchas acciones.
En resumen, propongo el mecanismo de diálogo, con interlocutores
válidos, con agenda que incluya las leyes electoral y de servicio civil, y que
no pase de cinco puntos, fijando un cronograma que no rebase los seis meses.
Guatemala,
23 de septiembre de 2017.
[1] El 27-08-2017, alrededor de las 6 de la mañana, el
Presidente publica el texto en su cuenta de twitter, pero ese mismo día la
Corte de Constitucionalidad concede amparo provisional al PDH, Jordán Rodas,
dejando en suspenso aquella disposición. Un día después se produjo el amparo
definitivo.
[2] El 13-09-2017 también se aprobó el Decreto 15-2017,
que reformaba el Código Penal, elevando la conmuta de penas hasta 10 años, en
unos 80 delitos comunes. Otra vez, la CC salvó al país del despropósito de los
diputados, mediante un amparo provisional. Ante la presión social en la capital
y varios departamentos, el 15-09-2017, los diputados anularon este decreto y el
referente al delito electoral.