Cinco alcaldes son denunciados en el MP



 Cultura de legalidad en las comunas
 Ernesto Sitamul
Se dice que los funcionarios públicos son depositarios de la ley, por la autoridad de que están investidos. Se trata de actuar bajo el estricto cumplimiento de la Constitución y de leyes específicos. Los funcionarios públicos electos, como en el caso de los alcaldes, o mediante otra modalidad, como el caso de los jueces, o bien, por medio de nombramiento, como ocurre con los ministros de Estado, solo deben actuar siguiendo lo que les manda la ley. Estos funcionarios, como depositarios de la ley, están llamados a dar el buen ejemplo a los gobernados, con lo cual se legitima su autoridad.


Los ciudadanos también son parte de la cultura de legalidad. A diferencia de las autoridades, éstos pueden hacer lo que la ley no les prohíbe, siempre sujetos a las normas constitucionales y legales.
Y cuando las autoridades se apartan del cumplimiento de las leyes, se genera una crisis de gobernabilidad, que se traduce en incumplimiento de deberes y el riesgo de cometer delitos, como las distintas modalidades de corrupción, con los efectos perversos consiguientes para la buena marcha de los asuntos públicos.
Por eso me llamó de la atención el anuncio del Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidad (ANAM), Edwin Escobar, de promover la cultura de legalidad en las 340 municipalidades del país. Al respecto, anunció la celebración de un seminario sobre este tema, destacando la conferencia que impartirá el ex alcalde de Bogotá, Colombia, Antanas Mockus.
Coincidente con en el aviso de esa actividad, el miércoles 20 de abril cinco alcaldes municipales fueron denunciados ante el Ministerio Público, porque no han cumplido la Ley de Acceso a la Información Pública, violando el derecho humano de vecinos que han requerido información de proyectos y servicios.
Con el acompañamiento de Acción Ciudadana, las denuncias fueron presentadas en contra de los alcaldes de Mixco, San José del Golfo, departamento Guatemala, así como de Todos Santos Cuchumatán y San Juan Ixcoy, Huehuetenango, y de San Miguel Uspantán, Quiché.
Cabe recordar que los alcaldes son reiteradamente señalados en distintos informes de supervisión del Procurador de los Derechos Humanos, de incumplir la Ley de Acceso a la Información Pública.
El asesor legal de Acción Ciudadana, Eddy Cux (elPeriódico, 20-04-2017) declaró que todas las entidades públicas tienen la obligación de entregar la información que soliciten los ciudadanos, caso contrario, incurren en delito de retención de información pública, penado con prisión de uno a tres años, multa y la inhabilitación para ocupar un cargo público.
Conclusiones:
*Los alcaldes dejan mucho que desear en materia de acceso a la información pública, razón por la cual se explican las acciones legales en contra de algunos jefes ediles.
*La capacitación sobre cultura de legalidad le cae bien a los alcaldes y funcionarios municipales, quienes al incumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, también merecen recibir sanciones económicas de parte de la Contraloría General de Cuentas.





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