Cultura de legalidad en las
comunas
Ernesto Sitamul
Se
dice que los funcionarios públicos son depositarios de la ley, por la autoridad
de que están investidos. Se trata de actuar bajo el estricto cumplimiento de la
Constitución y de leyes específicos. Los funcionarios públicos electos, como en
el caso de los alcaldes, o mediante otra modalidad, como el caso de los jueces,
o bien, por medio de nombramiento, como ocurre con los ministros de Estado,
solo deben actuar siguiendo lo que les manda la ley. Estos funcionarios, como
depositarios de la ley, están llamados a dar el buen ejemplo a los gobernados,
con lo cual se legitima su autoridad.
Los
ciudadanos también son parte de la cultura de legalidad. A diferencia de las
autoridades, éstos pueden hacer lo que la ley no les prohíbe, siempre sujetos a
las normas constitucionales y legales.
Y
cuando las autoridades se apartan del cumplimiento de las
leyes, se genera una crisis de gobernabilidad, que se traduce en incumplimiento
de deberes y el riesgo de cometer delitos, como las distintas modalidades de
corrupción, con los efectos perversos consiguientes para la buena marcha de los
asuntos públicos.
Por
eso me llamó de la atención el anuncio del Presidente de la Asociación Nacional
de Municipalidad (ANAM), Edwin Escobar, de promover la cultura de legalidad en
las 340 municipalidades del país. Al respecto, anunció la celebración de un
seminario sobre este tema, destacando la conferencia que impartirá el ex
alcalde de Bogotá, Colombia, Antanas Mockus.
Coincidente
con en el aviso de esa actividad, el miércoles 20 de abril cinco alcaldes
municipales fueron denunciados ante el Ministerio Público, porque no han cumplido
la Ley de Acceso a la Información Pública, violando el derecho humano de
vecinos que han requerido información de proyectos y servicios.
Con
el acompañamiento de Acción Ciudadana, las denuncias fueron presentadas en
contra de los alcaldes de Mixco, San José del Golfo, departamento Guatemala,
así como de Todos Santos Cuchumatán y San Juan Ixcoy, Huehuetenango, y de San
Miguel Uspantán, Quiché.
Cabe
recordar que los alcaldes son reiteradamente señalados en distintos informes de
supervisión del Procurador de los Derechos Humanos, de incumplir la Ley de
Acceso a la Información Pública.
El
asesor legal de Acción Ciudadana, Eddy Cux (elPeriódico, 20-04-2017) declaró
que todas las entidades públicas tienen la obligación de entregar la
información que soliciten los ciudadanos, caso contrario, incurren en delito de
retención de información pública, penado con prisión de uno a tres años, multa
y la inhabilitación para ocupar un cargo público.
Conclusiones:
*Los
alcaldes dejan mucho que desear en materia de acceso a la información pública,
razón por la cual se explican las acciones legales en contra de algunos jefes
ediles.
*La
capacitación sobre cultura de legalidad le cae bien a los alcaldes y funcionarios
municipales, quienes al incumplir la Ley de Acceso a la Información Pública,
también merecen recibir sanciones económicas de parte de la Contraloría General
de Cuentas.