El TSE debe cancelar el partido de OPM-Baldetti

Financiamiento electoral ilícito
Ernesto Sitamul

El techo de gastos de campaña electoral en las elecciones generales de 2011 fue de Q.48 millones por partido político o alianza de partidos, conforme lo determina la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Pero ha sido un secreto a voces, que más de un partido se ha salido de la tangente, gastando más de la cuenta, en claro irrespeto a la autoridad y la ley.
Las sospechas de financiamiento electoral ilícito se han comenzado a transformar en verdades, gracias a las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, en el marco del caso conocido como “Cooptación del Estado”. Cuando apenas está concluyendo la fase de primera declaración, el Juez Miguel Ángel Gálvez, ya tiene indicios racionales para ligar a proceso a un grupo de sindicados.
Por ahora, las investigaciones apuntan solo contra el Partido Patriota, cuyos máximos dirigentes figuran entre los acusados. En ese partido se habrían cometido las siguientes situaciones de financiamiento ilegal, en la forma siguiente:
*Recibió aporte anónimos a favor de sus dirigentes, cuando la ley dice que se deben entregar a nombre del partido; un financista individual aportó más del 10% del total de gastos de campaña, no obstante que la ley lo prohíbe, siendo el techo de campaña Q.48 millones, lo más que podía aportar un solo individuo eran cuatro millones.
*El PP recibió un aporte por más de 10 mil DÓLARES, sin haber levantado acta y exigido la declaración jurada del generoso donante.
El partido de Pérez Molina y Roxana Baldetti violó abiertamente la Ley Electoral y de Partidos Políticos, porque al recibir financiamiento de manera irregular, NO lo registró en libros contables y, por lo tanto, tampoco podía aparecer en los reportes a la auditoría del Tribunal Supremo Electoral.
Para cometer estos ilícitos utilizaron estrategias mafiosas para triangular operaciones bancarias, valiéndose, además, de empresas de cartón.
Gastar más dinero del autorizado para una campaña electoral significa violar la ley, así como actuar con ventajas desmedidas sobre sus contrincantes políticos. Acción Ciudadana hizo un monitoreo solo a los gastos en publicidad de la campaña de 2011, demostrando que el PP rebasó tres veces el monto establecido.
Con estos datos y los indicios racionales de financiamiento electoral ilícito, el TSE TSE ya debe proceder a la cancelación de ese partido. NO es digno que exista.


Jocotenango, 31 de julio de 2016.

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