Cambios legales profundos para cambiar sistema político.

Alcaldes le juegan la vuelta a la Contraloría
Ernesto Sitamul

La Contraloría General de Cuentas no la tiene fácil para detectar el uso indebido de recursos públicos municipales en campañas electorales. La Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos prohíben la utilización de recursos municipales, sean dinerarios o en equipo, y que los empleados se dediquen a realizar actividades políticas en horario de trabajo.
Sin embargo, es un secreto a voces en los municipios, que los alcaldes creyéndose los iluminados, se postulen a la reelección, para lo cual se valen –ventajosa e ilegalmente- de los recursos del pueblo para financiar parte de su campaña, la cual abarca no solo la propaganda tradicional en medios de comunicación, sino el pago de costos regalos y bolsas de productos básicos, entre otras prácticas clientelares.
Y para llevar a cabo estas prácticas antiéticas e ilegales, los alcaldes cuentan con tesoreros expertos para encubrir gastos municipales amañados, para evitar que los “cache” la Contraloría General de Cuentas. Posiblemente estas mañoserías en la administración financiera municipal expliquen que la institución fiscalizadora solo haya descubierto dos comunas en las elecciones generales de 2015, siendo éstas las de Palencia, Guatemala, y Río Hondo, Zacapa (elPeriódico 02-12-2015).
La noticia solo da cuenta que las dos municipalidades fueron obligadas a reintegrar el dinero gastado de manera ilegal, aunque en mi opinión, la CGC también tendría que haber presentado una denuncia ante el Ministerio Público, para que investigue y deduzca responsabilidades penales, pues una sanción de esta clase ayudaría a sentar precedentes que contribuyan a evitar estos desmanes en el poder local.
Por su parte, la Fiscalía de Delitos Electorales desarrolló importantes acciones en estas elecciones, constituyéndose en los centros de votación, o recibiendo denuncias por vía electrónica, siendo que se logró la aprehensión de las siguientes personas:
Nedila Pazos Machorro de 56 años, por entregar vales por bolsas de alimentos en Chiquimula a cambio de votar por uno de los partidos políticos.
Nidia Alcira Guzmán Portillo 
Héctor Antonio Morales Marcucci, ambos en la ciudad de Guatemala, por tomar fotografías a la papeleta en el momento del sufragio, según boletín del MP (26-10-2015).
El Jefe de esa Fiscalía, Oscar Schaad, puntualizó que la mayoría de las denuncias corresponden a delitos penales, entre ellos, pago de votos, publicidad,  coacción al elector, falta contra las buenas costumbres, coacción contra electores, violación al derecho del voto y falsificación de documentos.
En conclusión, la detección del uso indebido de recursos municipales en campañas electorales es complicada, pero si la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público trabajan de manera coordinada, es posible escarbar lo más recóndito de estas maniobras en la administración financiera municipal.
El MP tiene 145 denuncias por delitos electorales, dentro de las cuales figuran varias que se relacionan con el uso ilegal de recursos públicos locales, lo que constituye materia del órgano contralor.
San Cristóbal El Alto, Antigua Guatemala, 8 de diciembre de 2015.





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