La UNESCO ya hizo advertencia

¿Por qué conservar La Antigua Guatemala?

Julio César del Valle, devoto promotor y defensor del instrumento nacional, la marimba y su música, sentencia en sus intervenciones públicas que “no podemos valorar lo que no conocemos”, cuando cuestiona la actitud general de niños y jóvenes hacia la música autóctona de Guatemala, y tampoco vacila en asignarle la responsabilidad de esa situación a los profesores de escuela y padres de familia.

En el caso de La Antigua Guatemala, ciudad patrimonio cultural de la humanidad (UNESCO 1979), quienes aquí nacieron y viven en ella, así como las personas de otras nacionalidades que aquí realizan sus proyectos productivos, no son ajenas al conocimiento de que esta ciudad tiene un valor patrimonial singular, que la hace única en el mundo. Es una razón fundamental para tener el atractivo internacional que ha alcanzado, teniendo un impacto significativo en el ingreso de divisas para el país y en la generación de empleo.

Somos partidarios de que se debe armonizar la conservación y protección de la ciudad patrimonial con las necesidades de la gente. Armonizar significa adoptar y aplicar regulaciones apropiadas, debidamente socializadas con todos los actores vivos de la ciudad. Pero las normas no siempre nos gustan, queremos que se hagan a la medida de nuestros intereses. Debemos ser conscientes que la naturaleza singular y única de la ciudad es un atractivo mundial, determinante para la economía de miles personas.
Ya en 2003, la experta de la UNESCO, doctora Isabel Rigol, hizo una clara advertencia: en La Antigua se vive una sobre explotación comercial derivada del turismo. Esta situación es digna de analizarse, porque en su momento no se tomaron las decisiones pertinentes por parte del gobierno central, la municipalidad y el Consejo de Protección, razón por la cual esta situación se ha agudizado, al grado que puede devenir irreversible.
En una conferencia a escolares, el 10 de marzo pasado (aniversario de traslación de la ciudad), la arquitecta Xiomara Bonilla, del CNPAG, enumeraba una serie de amenazas a la ciudad patrimonial, íntimamente vinculadas con la actitud humana y eventos de la naturaleza. Helos aquí algunos:
§  No hay reconocimiento social a los bienes patrimoniales tangibles e intangibles, en parte, debido a la falta de identidad cultural.
§  Creciente uso inadecuado de los espacios públicos
§  Cada vez más subdivisión de viviendas (transformación en uso del suelo)
§  Sobrepoblación en viviendas
§  Actividad turística descontrolada (también perjudica armonía del espacio público).
§  Falta de regulaciones adecuadas (construcciones en zona de máxima conservación y modificaciones que alteran el paisaje urbanístico e histórico de la ciudad).
§  Predominio de decisiones políticas sobre criterios técnicos.
§  Indiferencia ciudadana
§  Vandalismo, saqueos, inseguridad e incendios, se confabulan contra el patrimonio tangible.
§  Casco urbano está deshabitado (propietarios venden o alquilan sus casas para negocios y se van a vivir a aldeas).
§  Aumento del tráfico de vehículos, sin que haya calles alternas (aunque éstas, en términos generales atentarían contra el trazo original e histórico de la ciudad).
§  Contaminación de humo y ruido
§  Efectos de desastres naturales (cinturón verde está desapareciendo debido a tierra se dedica a lotificaciones).
A manera de conclusión: los cambios perversos que se están dando en La Antigua, relacionados con su arquitectura, altura de casas, uso comercial, espacio público, intervenciones irregulares, son hechos por ciudadanos y profesionales que sí conocen el valor patrimonial de la ciudad. Y a diferencia de los niños que mencionaba al principio, éstos actores sociales, públicos y profesionales son doblemente responsables de la situación decadente de La Antigua Guatemala, primero, porque conocen el valor patrimonial, y segundo, porque también saben que existen normas específicas que deben respetarse, como el Decreto 60-69.
En la dirección correcta, el gobierno municipal antigüeño aprobó hace cuatro años el Reglamento de Ordenamiento Territorial, que de aplicarse correctamente puede constituir un valioso instrumento para reordenar la ciudad, pero se requiere autoridad, firmeza y transparencia en sus decisiones.
Y finalmente, cabe esperar que se reforme la Ley de Protección de la ciudad, que data de 42 años, pero dejando claro: sanciones económicas fuertes y penas severas para quienes cometan delitos contra el patrimonio, así como un presupuesto que le permita al Consejo Protector apoyar a aquellos vecinos de recursos limitados, que desean realizar intervenciones en sus inmuebles.
La Antigua Guatemala merece un mejor destino, y ese solo lo pueden construir ciudadanos responsables y autoridades honestas y dispuestas a hacer que se  cumpla la ley.     

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