Ernesto Sitamul
El
Gobierno central no cuenta con una política pública del sector hídrico. Tampoco
existe una Ley de Aguas, que corresponde aprobar al Congreso de la República,
conforme lo establece la Constitución. Si no ha sido posible promover la
gobernabilidad de ese sector a nivel nacional, talvez sea viable hacerlo desde el
ámbito municipal o, incluso comunitario. Por ese doble motivo me llamó la
atención leer en el sitio web: guatevisión.com (07-12-2017), que el Decanato
Centro de Huehuetenango solicita a las municipalidades de Malacatancito,
Chiantla y Aguacatán, la formulación de una política pública del agua.
Los
peticionarios afirman que el agua es una de las principales necesidades de la
población, pero que tiende a ser escasa, por el mal uso que se le da, debido a
la falta de “un reglamento o política para su manejo sostenible”. De manera puntual, piden controlar el
uso del agua que se extrae de pozos, mejorar el servicio municipal de agua, combatir
la corrupción y garantizar un presupuesto para atender casos de emergencia.
Este
caso es solo una partícula del problema nacional que significa la falta de
gobernabilidad del recurso hídrico, donde se pone en evidencia la falta de responsabilidad de los
diputados al Congreso de la República, quienes después de 31 años de vigencia
de la Constitución, no han cumplido el mandato del Artículo 127, que
establece la aprobación de una Ley de Aguas.
A
la fecha se han conocido 17 proyectos de ley, pero ninguno ha cuajado, según
escuché en el foro regional, organizado por el Instituto Holandés para la
Democracia Multipartidaria y el Tribunal Latinoamericano del Agua[1],
donde se mencionó que en la actualidad existe la iniciativa 5161, que tiene
dictamen favorable para ser discutida en el pleno, pero que ya tiene serios
opositores, porque supuestamente no se tomó en cuenta la opinión de
algunas organizaciones indígenas.
A
mi entender, la legislación del sector hídrico debe enfocarse en dos
dimensiones: 1)
el agua de superficie, entendiendo por ésta, la que se encuentra en ríos,
lagos, riachuelos, nacimientos y cascadas, y 2) el agua subterránea, que se
aprovecha por medio de pozos. En ambos casos, la falta de una ley
está agudizando el problema. Las aguas también están sometidas a otro grave
problema: la contaminación, provocada por el hombre, con causas y consecuencias
polivalentes, que hacen aún más complejo el tema.
Para
el uso racional del agua debe haber una ley nacional -no obstante que existe la
autonomía municipal- que establezca las regulaciones a las que se deben someter
los usuarios, sean individuales, empresariales o comunales. Debe haber una
entidad rectora, que atienda la administración del recurso, con un régimen
sancionatorio, basado en una clara definición de faltas y delitos penales.
En
la actualidad, el Ministerio de Salud Pública tiene la rectoría del sector,
pero son las municipalidades quienes prestan el servicio. Las sanciones penales
son irrisorias, con altos costos dinerarios para el Estado y con todas las
ventajas a favor de los transgresores de la ley, como lo mencionó un delegado
del Ministerio Público, en el mencionado foro regional.
Conclusiones
1.- La
falta de confianza entre actores políticos y sociales constituye una dificultad
determinante para avanzar en un proyecto integral que regule el sector hídrico.
Como consecuencia, los dirigentes comunitarios y empresariales miran de “reojo”
la iniciativa 5161, lo que posterga y hace casi imposible un consenso alrededor
del tema.
2.- Es
plausible la actitud de los dirigentes del Decanato del Centro de Huehuetenango,
no solo por su petición a tres alcaldes para crear políticas públicas de agua y
su respectivo reglamento municipal, sino por la importante contribución de una
investigación realizada en el tema, la que fue entregada también al Gobernador,
considerando la posibilidad de discutir y aprobar una política departamental,
por medio del Consejo de Desarrollo.
3.-
Rescatar
la confianza, para alcanzar grandes acuerdos territoriales en torno de la Ley
de Aguas es una tarea de los diputados. Podría ser decisivo integrar en el
proceso de diálogo a representantes académicos reconocidos, así como de pueblos
indígenas y de organizaciones indígenas que tienen fuerte incidencia política.
San
Juan Chamil, San Juan Chamelco, 10 de diciembre de 2017.
[1] Gobernabilidad y legislación respeto a una
democratización de la gestión hídrica, foro celebrado 15 y 16 de noviembre de
2017, en el hotel Royal Palace, ciudad Guatemala.