Regular uso de redes sociales podría limitar libre expresión

La desinformación como distorsión de la democracia

Ernesto Sitamul

El título de este artículo corresponde al nombre de un evento virtual organizado por @Red_Innovación, realizado el pasado 31 de julio de 2020[1]. El título es sugerente, para reflexionar sobre los actores, las motivaciones del fenómeno desinformador y su efecto nocivo en los sistemas democráticos.

Para poner el tema en contexto, el Diccionario de la Lengua Española[2] indica que la desinformación es el acto de desinformar; es decir, “dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines”. O, “dar información insuficiente u omitirla”. Un mensaje desinforma cuando el acto es deliberado, en función de determinados intereses.

Para mí, los actores están definidos

por su capacidad de informar y desinformar,

por su posición en la estructura del

poder político y económico, y por su influencia

en el sector político partidista. Es el poder

lo que les permite situar temas o agendas

de interés sectorial o corporativo en los medios

 de comunicación, sean éstos periódicos,

noticieros radiales o televisivos; así como en las

redes sociales. Son los medios los que sirven

como caja de resonancia para amplificar la desinformación.

La tecnología de la información y la comunicación, refleja en los medios digitales tiene un enorme potencial democratizador, afirma Bernardo Sorj, y agrega que la desinformación destruye la democracia, y por ello, el emisor de esos mensajes debe cargar con la responsabilidad de sus actos.

Las campañas electorales, entre otros espacios, son propicias o aprovechadas por ciertos actores para introducir mensajes supuestamente informativos, que realmente responden a los fines de la desinformación. Para nadie es un secreto que cada vez resulta más significativa la incidencia de la desinformación en las campañas electorales, por medio de las redes sociales. De esa cuenta, han surgido iniciativas para regular el uso de las redes sociales, aunque eventuales normativas pueden invadir o limitar el derecho ciudadano a la libre expresión.

Otra de las expositoras, Débora Albu, considera que antes de regular y castigar a los responsables de propagar desinformación, se debe aprovechar las herramientas que la misma tecnología nos ofrece para detectar cuándo un mensaje contiene desinformación. Por su lado, Pablo Medina Uribe expuso que algunas redes como Facebook, tiene una plataforma de verificadores y alertas, lo que contribuye a evitar la desinformación, o que algunos receptores resulten siendo parte de ella, cuando le dan “me gusta” o la comparten con otros internautas.

En mi opinión, los receptores pueden combatir la desinformación si la procesan por medio de verificar que las fuentes sean confiables y de referencia  (que no sean cuentas anónimas o falsas: cuentas jakeadas) y que puedan contrastar la información con fuentes primarias u originarias. Pero si estamos ante ciudadanos sin información documentada, la desinformación los agarra desprotegidos, y se convierten en propagadores de noticias falsas o de medidas verdades y medias mentiras. Son presa fácil de los desinformadores.

¿Para qué se usa la desinformación?

Los individuos e instituciones que propagan mensajes desinformativos tienen la finalidad de confundir y dividir la opinión pública. Esa clase de mensajes hace daño a la honorabilidad de personas y desprestigia a las instituciones, sin fundamentos políticos o jurídicos que puedan ser comprobados.

En el foro virtual citado se reiteró el ambiente político y electoral, como un espacio propicio para que circule la desinformación. Los gobiernos suelen utilizar ésta para desacreditar a líderes políticos de la oposición, sea en el Congreso o en la llanura, incluso, líderes de organizaciones de la sociedad civil, que cuestionan el desempeño gubernamental. (Foto tomada de Google).

Antigua Guatemala, 4 de agosto de 2020.


[1] El panel I, fue moderado por Andrea Fernández, del National Democratic Institute, Argentina, y participaron de expositores: Bernardo Sorj (Plataforma Democrática, Brasil), Débora Albu (Instituto de Tecnología Social, Brasil), Pablo Medina Uribe (Colombia Check), Daniel Arnaudo (NDI-Estados Unidos),

[2] Encontrado en: https://dle.rae.es/desinformar?m=form


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