¿Debilidades técnicas o trabas
burocráticas?
Ernesto Sitamul
Algunos
proyectos comunitarios aprobados para ejecutarse durante 2018 en Sacatepéquez todavía
no cuentan con la papelería completa, lo que afecta la continuación del trámite
correspondiente. Cuando tomó posesión la gobernadora Andrea Gaitán la escuché
en la radio local decir que su mayor aspiración era que durante su gestión no hubiera
más obras de arrastre en el departamento.
Pero existe una protesta
recurrente de los alcaldes, afirmando que el atraso para completar la papelería
de los proyectos se debe a la burocracia en los ministerios, como Salud Pública
y Asistencia Social, o Medio Ambiente y Recursos Naturales. Vale mencionar que las solicitudes de estudios de
impacto ambiental, para citar solo un caso, deben obtenerse en las oficinas
centrales; o sea, la descentralización sigue siendo una quimera. Caso
contrario, podría haber mayor celeridad en el trámite. También hay una falla en
la formulación de los proyectos, responsabilidad que recae en funcionarios
ediles. Si es cierto que los avales ministeriales afectan la dinámica de
ejecución de los proyectos, es reprochable que los alcaldes y el Consejo
Departamental de Desarrollo (Codede) no se hayan sentado a estructurar un protocolo
para resolver ese aparente cuello de botella.
Con
facilidad los
alcaldes les echan la culpa de sus problemas a terceros, sin reparar en las
debilidades técnicas que pueden tener en sus oficinas de planificación.
Esas debilidades pueden deberse a falta de preparación especializada, muchas veces
derivado de contrataciones de personal por afinidad política o complacencia con
algún financista de campaña.
Otro supuesto problema
para agilizar la inversión local es que el Ministerio de Finanzas no provee en
tiempo los recursos y que los mismos sean entregados a las municipalidades y no
a los Codedes, según nota publicada por elPeriódico (16-02-2018). Estos
dos supuestos obstáculos merecen explicación: aunque el Ministerio del Tesorero
tenga una planificación de gasto, su cumplimiento depende del comportamiento de
ingresos. Por lo tanto, es una variable independiente a su capacidad de
ejecución. Y, en cuanto el destinatario de los recursos, elperiódico miente o el
redactor no conoce la ley, porque efectivamente los recursos de financiamiento
dentro del sistema de consejos de desarrollo se trasladan directamente a las
comunas. Para tramitar desembolsos programados, lo único que debe hacer el
Codede es su aval de que se están cumpliendo los términos del contrato, en
tiempo y en calidad.
Los
recursos provenientes del IVA-Paz van directamente a las municipalidades, como
me explicó un consultor parlamentario, que por la naturaleza de su trabajo
maneja datos de la distribución de aportes, como el 10% constitucional, el IVA-Paz, el
Impuesto a las gasolinas y el Impuesto sobre circulación de vehículos. Los
Codedes no tocan vela en este entierro. Durante 2017, las comunas recibieron en
conjunto Q.3.1 millones.
Recursos adicionales
Aparte
de los aportes y transferencias mencionados, cualquier recurso adicional que el
Gobierno central haga a las municipalidades sería ilegal, afirma en la
publicación citada el economista del Instituto Centroamericano de Estudios
Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, al tenor de lo establecido en el Artículo
257 de la Constitución Política de la República.
Los
jefes ediles quieren más recursos sin arriesgar el costo político personal que
ello implicaría, de cara las elecciones de 2019. Por este motivo resulta más cómodo abrir la
mano y extenderla para pedir más plata al gobierno central. Y la apetencia
de estas autoridades no conoce límites, pues según elPeriódico, los alcaldes
también quieren una tajadita de la recaudación por el Impuesto a la
Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles.
San
Martín Jilotepeque, 25 de febrero de 2018.