Antejuicios
contra alcaldes
por negar información pública
Por Ernesto Sitamul
El Informe del Procurador de Derechos
Humanos de Guatemala, correspondiente a 2012, señala que entre las
instituciones que incumplen la Ley de Acceso a la Información Pública están las
municipalidades, corroborando estudios como los que realiza la organización no
gubernamental Acción Ciudadana.
La PDH es la institución tutora del
cumplimiento de esta ley; por tanto, todas las dependencias públicas están
obligadas a rendirle un informe anual de las solicitudes y denegatorias de
información pública. Para el efecto, la ley manda que dicho informe sea
presentado a más tardar el 31 de enero de cada año. El colmo es que algunas
municipalidades también irrespetan esta obligación, o sea las normas se las
pasan por el arco del triunfo.
Y para muestra un botón. De las 16
corporaciones municipales de Sacatepéquez, siete NO presentaron dicho informe
en el tiempo establecido, según el dato proporcionado por la Unidad de
Información Pública de la PDH. Esa actitud irreverente de los gobiernos
municipales y alcaldes debiera ser denunciada públicamente por el procurador,
quien hasta la fecha ha guardo silencio.
Entre las comunas de Sacatepéquez, que
incumplieron con este informe, figura la de San Juan Alotenango, a cuyo
alcalde, Luis Marroquín, se le ha declarado con lugar un proceso de antejuicio,
precisamente por negar información pública al sindicato de trabajadores de esa
municipalidad. La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones ha designado
al juez pesquisidor. Este año, el alcalde de Jocotenango, Marcus González,
logró solventar a su favor un proceso de antejuicio por el mismo motivo.
Otras maniobras de alcaldes municipales
contra el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública es dejar
pasar los 10 días que marca la ley para entregar la información solicitada;
otros extienden ese período sin observar el debido proceso, como en el caso de
solicitud de información sobre Cocodes inscritos en la Municipalidad de Antigua
Guatemala, y hay quienes llegan al abuso de declarar información reservada lo
concerniente a salarios de autoridades, funcionarios y empleados públicos, como
en el caso de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez; por cierto, otra de
las comunas de Sacatepéquez que NO presentó el informe al que está obligado, en
enero pasado.
Tampoco presentaron dicho informe al PDH,
las municipalidades de San Antonio Aguas Calientes, Santa Catarina Barahona,
Santiago Sacatepéquez, San Bartolomé Milpas Altas y Sumpango.
Este comportamiento de alcaldes y comunas,
es una expresión irrebatible de irrespeto a la Constitución y las leyes, no
obstante que al tomar posesión de sus cargos hicieron juramento de fidelidad.
Es una muestra más de la cultura de ilegalidad imperante en la sociedad
guatemalteca, lo cual atenta contra la gobernabilidad local, pues constituyen
un ejemplo nocivo a la población.
Por eso, cuando al ciudadano se le exige
respeto a las normas, no es extraño que se vaya contra la razón, y conteste
disgustado: “pero si el alcalde lo hace también”. Igual, cuando en un hogar los
padres pierden la autoridad, la sana convivencia se deteriora o se pierde.
Sería saludable que el PDH individualizara
a los alcaldes municipales que NO le rindieron el informe de solicitudes y
denegatorias de información pública 2012, para que por lo menos sirva como
denuncia moral y pública. Y mejor si las publicaciones se hacen por
departamento, para que la denuncia llegue a conocimiento de los vecinos.
Como tutor de la Ley de Acceso a la
Información Pública, el PDH tienen la gran responsabilidad de hacer que se cumpla, y con ello contribuirá a fortalecer el Estado de Derecho.
San Miguel Dueñas, 29 de junio de 2013.