El reto por sembrar una cultura de ética y probidad.
Ernesto Sitamul
La actual crisis política, especialmente en lo tocante a la corrupción, está marcada por una crisis en el comportamiento social, materializado en la ética y probidad, crisis que abarca no solo a los principales dirigentes de los organismos del Estado y sus instituciones, sino también a los líderes empresariales y de la sociedad.
Por
ejemplo, el uso indebido de los recursos públicos no es nuevo en la historia.
Ya en la sociedad colonial de practicaba el soborno y otras conductas reñidas
con las buenas costumbres. La corrupción, entendida como abuso de poder, en
beneficio propio, o de terceros, tuvo una especie de parteaguas en 2015, cuando
la CICIG y el Ministerio Público descubrieron redes de corrupción en la
administración pública que dirigía el partido patriotista. A raíz de esos
escándalos, la opinión pública se vio obligada a incluir en la agenda los temas
de corrupción y su antítesis, la ética y la probidad.
No obstante, hay que mencionar que, por lo menos,
desde la Constitución Política de la República de Guatemala (1986), existen
regulaciones sobre la probidad; incluso, una ley específica para
funcionarios y empleados del sector público. Además, el Estado de Guatemala ha
ratificado convenciones internacionales anticorrupción, como las de la
Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas. ¿Qué pasó? ¿Por
qué se perdieron los valores de la ética y la probidad, como estandartes del
comportamiento del buen ciudadano?
En
este contexto, llega el bicentenario, y la
Contraloría General de Cuentas declara 2021 Año de la ética y la probidad. En
el Acuerdo A-004-2011, estableció que en el ámbito de aplicación será de
observancia general todas las instituciones afectas a la Ley Orgánica de la CGC,
que es OBLIGATORIO crear programas de promoción, divulgación y formación sobre
cultura de ética y probidad. El reto
es que estos mandatos se cumplan, lo requieren de funcionarios altamente
comprometidos con el tema. Y desde el nivel superior, dar apoyo y seguimiento,
para sembrar esta cultura en la administración pública y en la sociedad.
En
las investigaciones por gigantescos casos de corrupción, los empresarios
privados salieron a bailar, debido a sus vínculos con diversos delitos. Recuerdo a los
cinco empresarios de los sectores económicos más poderosos del país, confesando
sus pecados ante los medios y ante el juez Miguel Ángel Gálvez. Es
bueno que el empresariado haga un mea culpa sincero, y que esos escándalos
generen un cambio de comportamiento. En este contexto surge una iniciativa del
CACIF, entidad que agrupa a todas las cámaras empresariales, que consiste en
promover códigos de ética, para prevenir y combatir prácticas ilegales y
antiéticas.
Por su parte, el doctor en sociología, Caryl Alonso Jiménez, escribió un artículo (Stereo100.com.gt, 04-08-2021) bajo la pregunta general ¿Es la ética y la probidad, un bien público del Estado? La respuesta no es fácil. Y, menos, que la ética y la probidad se eleven a la categoría de bien público, pues los hombres y mujeres que desempañan las funciones públicas no tienen esa cultura pulcritud y decencia, como para proceder siguiendo los dictados de la moral y de la ética.
La respuesta es todavía más compleja,
cuando Alonso recuerda a Alexander Solzhenitsin (1918-2008) quien sentenció que
la mentira se había convertido, no solo en una categoría moral, sino en pilar
del Estado. ¡Que tremenda afirmación!
No es fácil otorgarle categoría de bien público a la ética y la probidad, porque
como escribe Alonso, “la ética no es derecho positivo”.
Cuando
se legisla a favor de intereses particulares se falta a la ética. Cuando la ley
se aplica solo a los enemigos del régimen, se falta al principio de igualdad y
legalidad. Hay una acción premeditada, abusiva, que tergiversa el espíritu de
la ley. Entonces
la función pública deviene ilegítima, ilegal, y le envía a la ciudadanía un
mensaje nada constructivo para el bien común, porque no faltará quien se justifique haciendo lo mismo que el
funcionario de gobierno y de la municipalidad. Y lo más grave de esas prácticas
es que influyen en las generaciones infantiles y juveniles, quienes en la
actualidad tienden a pensar en lo fácil, sin esfuerzo y sin mérito, en
aprovechar su paso por el poder público.
Por consiguiente, la tarea
de sentar una cultura de ética es gigantesca. Se necesitan un cambio de
comportamiento y compromiso entre los padres de familia, también de los
maestros-as, tanto en la primaria, como en la secundaria; incluso en la
universidad. La falta de ética ha salido a relucir recientemente en casos de
alta academia. Dos magistrados electorales mintieron al presentar
dentro su expediente constancias de doctorados, porque realmente obtuvieron
esas credenciales hasta mucho después de haber seleccionados en la Comisión de
Postulación. El otro caso corresponde a la Fiscal General, quien habría
cometido plagio en su flamante tesis doctoral en la Universidad Mariano Gálvez.
Al margen de las críticas a la CGC, por sus informes
de auditoría gubernamental y municipal, opino a favor de emprender una cruzada
para generar una cultura de ética y probidad en la sociedad guatemalteca.
Ojalá, en poco tiempo, se vean respuestas positivas de todos los funcionarios y
empleados públicos. Me parece interesante que trabaje con los escolares,
mediante una carta de colaboración de la Contraloría con el Ministerio de
Educación.
De cara al bicentenario de la llamada independencia,
el 15 de septiembre, el mejor homenaje que el gobierno y los diputados, los
jueces y fiscales, y los alcaldes y concejales pueden hacer promover cultura de
ética en sus prácticas institucionales.
Como nunca en la historia de este país, necesitamos
independizarnos de la corrupción y de la impunidad, entre otras maldiciones que
sufre la mayoría de la población. Con esos cambios, otra Guatemala es posible. Imagen
tomada de Google.
Jocotenango, 11 de agosto de 2021.